GOBIERNO AGRICULTURA

Sale a consulta pública la reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria

El Gobierno ha sacado a consulta pública la reforma de la “Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria”, una normativa que ya experimentó cambios recientemente para afrontar la crisis del campo y que afronta ahora una reforma “de calado”.

Protesta de agricultores madrileños ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. EFEAGRO/Juan Javier Ríos.Protesta de agricultores madrileños ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. EFEAGRO/Juan Javier Ríos.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha explicado este miércoles que también se va a adaptar la legislación vigente para transponer la Directiva comunitaria relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Desde el departamento liderado por Luis Planas han recordado que la modificación de la Ley de la Cadena se produce en dos fases: la primera fue a través de un decreto ley del pasado 25 de febrero, cuando se modificaron de forma urgente “aquellos aspectos que no podían esperar a la tramitación de una reforma legislativa ordinaria“.

Con los agricultores en la calle protagonizando protestas durante varias semanas consecutivas por la crisis del sector -afectado por bajada de precios, guerras comerciales, aumento de costes, etc.-, el Ejecutivo optó por introducir en la norma ajustes dirigidos a otorgar una mayor protección a este primer eslabón de la cadena.

Una ley con fuerte respaldo

Concretamente, una de las claves pasa por intentar eliminar la venta a pérdida obligando a que el precio a pagar no sea nunca inferior al coste de producción, cuyo cálculo se basará en una serie de baremos oficiales.

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, en una reciente intervención en el Congreso de los Diputados sobre la crisis por el coronavirus. EFEAGRO/Mariscal

Además, se prohibieron las “promociones de carácter engañoso” de cara al consumidor y se calificó como “falta grave y muy grave” que no haya contratos escritos a la hora de ejecutar una venta entre los eslabones del sector, entre otras medidas.

En una segunda fase, una vez aprobados esos cambios urgentes, llega el momento de someter a consulta pública el anteproyecto de una ley aprobada en agosto de 2013 y de la que todos los gobiernos desde entonces -independientemente del signo político- han destacado su utilidad para el sector.

El Ministerio ha resaltado que esta normativa “ha contribuido a aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y a reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores“, y ha animado a ciudadanos, organizaciones y asociaciones a participar en su modificación con sus contribuciones.

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