LOS OPERADORES, PENDIENTES DE LA DECISIÓN MINISTERIAL

Expectación en el sector del vino ante la resolución de nuevas plantaciones

Patronales, bodegas, cooperativas, viticultores, autonomías y denominaciones de origen (DO) esperan con expectación la decisión del Mapama sobre la superficie que se concederá para autorizaciones de nuevas plantaciones para 2018.

  • mas infoRacimos de uva en un viñedo castellano-leonés. Foto: Efeagro/Ginés MenaRacimos de uva en un viñedo castellano-leonés. Foto: Efeagro/Ginés MenaRacimos de uva en un viñedo castellano-leonés. Foto: Efeagro/Ginés Mena
  • Vista de viñedos en la localidad riojana de Haro. Foto: EFE/   J. BenetVista de viñedos en la localidad riojana de Haro. Foto: EFE/ J. Benet
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Racimos de uva en un viñedo castellano-leonés. Foto: Efeagro/Ginés MenaVista de viñedos en la localidad riojana de Haro. Foto: EFE/ J. BenetLabores en un campo de viñas. Foto: MagramaMosto obtenido tras la vendimia manchega, en imagen de archivo. Foto: El Progreso

La Dirección General de Mercados Agrarios comunicaba recientemente al sector que se ampliaría en 10 días hábiles el plazo para presentar esta resolución -la publicación en el BOE estaba prevista inicialmente para el 15 de diciembre-, debido a la complejidad del expediente.

Esta resolución resolverá, asimismo, las solicitudes de las DO sobre limitaciones de nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y conversión de derechos; además de la puntuación asignada por las autonomías a cada tipo de explotación para el criterio de prioridad relativo al titular de viñedo con pequeña o mediana explotación.

En líneas generales, la norma europea plantea que la superficie que se podrá conceder para autorización de nuevas plantaciones debe ser superior al 0 % y como máximo el 1 % de la extensión de viñedo nacional a 31 de julio del año anterior.

Hay disparidad de criterios y, por ejemplo, las cooperativas que operan en regiones del norte de España defienden cierta continuidad en los niveles de autorizaciones respecto a los dos años anteriores (0,42-0,50 %), pero las de Extremadura, La Mancha y Comunidad Valenciana piden llegar hasta el máximo permitido del 1 %.

Viñedos en el marco de Jerez. Foto: Efeagro/Cedida por este CRDO

Viñedos en el marco de Jerez. Foto: Efeagro/Cedida por este CRDO

Las organizaciones agrarias abogan por que se mantenga un “status quo” similar a 2017, sobre el 0,50 % -lo que se traduciría en que podrían plantarse alrededor de 5.000 hectáreas nuevas-; y las patronales del mosto, del vinagre, los destiladores de alcohol y la Asociación Empresarial Vinos de España miran al 1 %.

La Federación Española del Vino reclama, por su parte, la modificación de los criterios de prioridad para que las bodegas no se vean discriminadas; las DO, a las que se les reconoce su potestad para autorregularse, están muy pendientes también de la Resolución.

El cava

En el caso de del cava, su Consejo aboga por limitar las plantaciones de uva con destino a esta DOP en 0,1 hectáreas para los ejercicios del 2018 a 2020, propuesta basada en la recomendación de un estudio de catedráticos de Economía Aplicada de las Universidades de La Rioja y Rovira i Virgili de Tarragona.

Esta postura quiere “proteger los intereses de todos los operadores inscritos para evitar el riesgo de oferta excesiva de productos vinícolas en relación con las perspectivas de mercado para el cava y su devaluación significativa de la marca cava por exceso de oferta de uva-vino”, explica el Consejo Regulador.

La decisión ministerial no se conocerá hasta después de las elecciones en Cataluña y vendrá con polémica, porque algunas empresas de Extremadura, Valencia o Aragón quieren crecer más.

DOCa Rioja

Por su parte, el Pleno del Consejo Regulador de la DOCa Rioja aprobaba en octubre pasado paralizar el incremento de la masa vegetal de la DO, limitando a 0,1 las hectáreas para 2018.

Decidía aplazar el acuerdo de noviembre de 2015 que limitaba a 387 las nuevas hectáreas, teniendo en cuenta el incremento de las ventas en un 0,3 % entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, hasta la entrada en vigor de nuevos criterios de reparto en 2019.

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