LA PETICIÓN DE LAS OPAS

Piden que el programa del vino vete a quienes incumplen la ley de la cadena

Asaja, COAG y UPA reclaman al Gobierno que las empresas que tengan una sentencia en firme motivada por una denuncia de incumplimiento de la ley de cadena alimentaria no puedan acogerse a las ayudas de promoción en terceros países ni a inversiones, del Programa de apoyo al sector vitivinícola 2019-2023.

Viñedos en la DO Rueda. Foto: Cedida por Bodegas MenadeViñedos en la DO Rueda. Foto: Cedida por Bodegas Menade

Así lo recoge el documento conjunto de alegaciones -al que ha tenido acceso Efeagro- que las organizaciones agrarias (OPAs) han remitido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), que presentaba recientemente al sector un borrador de este programa.

El programa del vino 2019-2023

El programa 2019-2023 está dirigido a cuatro actuaciones:

  • La reestructuración del viñedo
  • Las inversiones de modernización de industrias (bodegas) y comercializadores
  • Promoción de consumo de vino en mercados de terceros países y
  • Gestión de subproductos

Respecto a la medida de promoción en terceros países que recoge el borrador del Mapama, las organizaciones agrarias defienden la necesidad de incluir en los criterios de accesibilidad de los posibles beneficiarios, el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria y la legislación relativa a contratos agroalimentarios.

Asimismo, piden “establecer una serie de estímulos para las empresas que suscriban contratos homologados” a la hora de distribuir estas ayudas a la promoción en terceros países.

Planes colectivos

En reestructuración y reconversión, el sector demanda el mantenimiento de las ventajas actuales en los “planes colectivos” sobre los individuales; que se añada, como criterio de prioridad a nivel estatal, a los “agricultores profesionales” y “las parcelas con un alto grado de afección por enfermedades de la madera”; y que se incrementen los importes de los módulos máximos subvencionables

Respecto a la medida de “inversiones“, las OPAs reclaman al Ministerio que incluya en los criterios de accesibilidad, el cumplimiento de la legislación de la cadena alimentaria y sobre contratos agroalimentarios.

En el mismo capítulo de inversiones, el sector agrario aboga por “establecer una serie de estímulos para las empresas que suscriban contratos homologados” y la admisión de financiación procedente de los fondos Feader de la Unión Europea (UE).

La opinión desde las comunidades

Por su parte, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha explicado a Efeagro que las medidas que contiene el programa “son las que el sector necesita” en esta Comunidad.

Sobre la reestructuración y destilación, la medida “responde a los intereses de Castilla-La Mancha“, al ser la región más beneficiada de estas ayudas, al contar con la mayor extensión.

No obstante, al consejero le hubiera gustado que el Ministerio “hubiese sido más receptivo” a sus demandas y aceptara la gestión “autonómica” del programa nacional del vino que Martínez defiende. Asimismo, ha reclamado al Mapama que “no se discrimine a los proyectos formados por integraciones comerciales y empresas cooperativas” porque el borrador actual no otorga prioridad en las ayudas a estos operadores pese a sus esfuerzos de concentración, lo que “no es coherente” con las políticas de Castilla-La Mancha.

Viñedo en la DO Ribera del Duero

Imagen de archivo de un viñedo en la localidad vallisoletana de Castrillo de Duero, de la DO Ribera de Duero. Foto: EFE ARCHIVO/ Paco Torrente

Por otra parte, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana también informaba recientemente que ha remitido una carta al Mapama con las reivindicaciones del Consell y el sector vitícola regional. Tras analizar el borrador con las organizaciones agrarias valencianas, la Conselleria aboga por la necesidad de “territorializar” los fondos que financian las medidas, y “descentralizar la gestión y la toma de decisiones a la hora de seleccionar los proyectos, para atender nuestras prioridades”.

Además, tanto la Conselleria como los productores valencianos demandan una simplificación de los procedimientos administrativos; en particular, flexibilizar los calendarios en determinadas medidas como la “reestructuración y reconversión de viñedo”, en las que las operaciones de campo pueden estar condicionadas por la meteorología o las disponibilidades de material vegetal.

Asimismo, solicitan el establecimiento de “criterios de priorización homogéneos que no primen a unas comunidades autónomas sobre otras” y, en el caso de las inversiones en bodegas, piden limitar los importes por beneficiario o proyecto, para que la distribución de fondos “sea más equitativa”.

El Ministerio presentará a la Comisión Europea una propuesta de Programa antes de que finalice mayo y Bruselas dispondrá de tres meses para hacer las observaciones al programa, que no comenzará a aplicarse hasta 2019.

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Publicado en: Agricultura
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