Los títulos de la “Vieja” terminaron el día en 1,16 euros -en contraste con la tendencia a la baja que se observaba desde que arrancara el ejercicio 2018-, en una jornada en la que se han movido más de 7 millones de acciones, una cuarta parte del total existente en el mercado.
De enero a marzo, la compañía ha oscilado entre los 83 céntimos y los 1,28 euros.
La empresa, una sociedad de cartera sin actividad productiva cuyo principal activo es una participación del 1,65 % en el capital de Nueva Pescanova, volvió a cotizar a principios de junio de 2017, después de más de cuatro años suspendida por el regulador bursátil.
Nueva Pescanova, en positivo
Durante las primeras sesiones, la acción fue presa de la volatilidad y llegó a cotizar a un mínimo de 14 céntimos y a un máximo de 3,37 euros, para posteriormente dar síntomas de una mayor estabilidad.
La notable revalorización registrada ayer se produjo apenas un día después de que su participada Nueva Pescanova anunciara que volvió a tener beneficios en 2017 (298.000 euros), un año antes de lo previsto inicialmente, además de mejorar un 2 % sus ventas (1.081 millones) y un 18 % su Ebitda (80 millones).
Imagen de las instalaciones de Nueva Pescanova. EFEAGRO/Cedida por la compañía
De hecho, en 2016 tuvo pérdidas superiores a los 35 millones de euros.
Tanto la Nueva como la “Vieja” Pescanova son el resultado de la partición en dos del grupo realizada en 2015 como consecuencia del concurso de acreedores declarado dos años antes.
La ampliación, en los tribunales
Mientras que la primera quedó en manos de los bancos acreedores y controla la parte productiva, la segunda fue entregada a los accionistas minoritarios como una sociedad de cartera cuyo principal activo era un 20 % del capital de su firma “hermana”.
Sin embargo, la ampliación de capital aprobada por Nueva Pescanova en abril de 2017 supuso en la práctica la disolución de la participación de Pescanova S.A., que pasó así del 20 % al 1,65 %.
De hecho, los administradores de la “Vieja” han llevado la operación a los tribunales, que deben dirimir si ésta respetó los acuerdos alcanzados en 2015 o no.
