POLÍTICA AGRARIA

El Gobierno introduce “ajustes” en la aplicación de la PAC en España

El Gobierno modificó algunos aspectos sobre la aplicación de la PAC e introduce ajustes que permitirán, por ejemplo, cobrar ayudas a personas físicas incluidas en la “lista negativa” si están dadas de alta en el Sistema Especial para Trabajadores Agrarios de la Seguridad Social.

Una cosechadora en un campo de cultivo de cereal. Foto: MapamaUna cosechadora en un campo de cultivo de cereal. Foto: Mapama

La norma aprobada el pasado viernes modifica 4 Reales Decretos sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural y la asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agraria Común para la campaña 2017.

Sobre el “agricultor activo“, el nuevo Real Decreto mantiene la exigencia prevista en el Reglamento europeo, de que el beneficiario incluido en la denominada “lista negativa” deba contar con ingresos agrarios, distintos de los pagos directos, que supongan al menos el 20 % de los ingresos agrarios totales, para recibir pagos de la PAC.

Un agricultor en su explotación. Foto: Magrama

Un agricultor en su explotación. Foto: Magrama

“La modificación realizada establece que, en caso de que no cumpliera ese requisito, se aplicaría como una situación de riesgo, exigiéndole que demuestre que ejerce la actividad agraria y asume el riesgo empresarial de la actividad que desempeña”, detalló el Ministerio.

“Se posibilita que las personas físicas puedan recibir pagos directos de la PAC, aunque desarrollen actividades excluidas en principio de la percepción de las ayudas”, si están dados de alta en el Sistema Especial para Trabajadores Agrarios, remarcó.

De acuerdo con el criterio de la Comisión Europea, se establece expresamente que, a efectos de las actividades consideradas no agrarias, “se tendrá en cuenta no solo al solicitante, sino a las entidades asociadas vinculadas con el mismo”, añadió.

Según especificó “se entiende como entidad asociada a todas las entidades directa o indirectamente relacionadas con las personas físicas y jurídicas, o grupos de personas físicas y jurídicas, por una relación de control exclusivo en forma de propiedad íntegra o participación mayoritaria”.

Por tanto, aparte de incluir esta consideración en el artículo sobre actividades excluidas, “se ha introducido igualmente en el artículo sobre contenido de la solicitud única, incluyendo una nueva declaración expresa por parte del solicitante, relativa a si tiene o no relación con alguna entidad asociada”.

Solicitud única

Apuntó que ,según indicaciones de la Comisión, “la referencia a los registros de explotaciones agrícolas y ganaderas ha sido eliminada”, pero “se mantiene dicho requisito como uno de los necesarios para poder presentar una solicitud de ayuda o una solicitud de pago básico de la reserva nacional”.

Con estas modificaciones, se clarifican “de forma más coherente” los supuestos en que se ejerce la actividad agraria, “sin que ello suponga lesión alguna de los legítimos derechos individuales o intereses legítimos de los beneficiarios de los pagos directos, ni modificación respecto de la aplicación (en los supuestos considerados de riesgo) de la normativa vigente hasta al momento”.

“Se sigue, por tanto, apostando por que las ayudas las reciban quienes realizan directamente dicha actividad”, según el Mapama.

FEGA

Entre otros acuerdos de Consejo de Ministros, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) aportará 3,5 millones de euros para cofinanciar los trabajos de control de superficies agrarias, y las comunidades autónomas contribuirán con otros 2,3 millones.

El Ejecutivo también dio vía libre a las autorizaciones provisionales para la suscripción de convenios de colaboración entre el FEGA y 12 comunidades para el desarrollo de un sistema único para la gestión de las ayudas agrarias de la PAC.

 

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