El Ministerio también ha decidido penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras, que oscilan entre los 5 y 23 años, así como la prohibición de obtener ayudas públicas, en un período que va desde los 5 a los 26 años.

De esta forma, culmina el expediente abierto tras la Operación Sparrow, en la que fueron inspeccionadas las sedes de varias empresas en Santa Eugenia de Ribeira (A Coruña).

Entre los penalizados figura Vidal Armadores, sociedad también relacionada con la pesca ilegal en el marco de otra operación abierta, que la semana pasada supuso la detención de 6 personas, para las que la Audiencia Nacional dictó prisión y después liberación con fianza.

En este sentido, Agricultura ha precisado, en un comunicado, que la decisión difundida hoy es independiente de las  actuaciones  que “los tribunales de Justicia puedan desarrollar en relación con las actividades de Vidal Armadores susceptibles de ser consideradas delito penal”.

Barco que llegó a un puerto tailandés cargado con merluza de la pesca ilegal. EFE/Ren Qian