CONGRESO AGRICULTURA

El Gobierno español y los agricultores piden una cadena alimentaria acorde al siglo XXI

El secretario general de Agricultura y Alimentación del Gobierno español, Fernando Miranda, ha inaugurado el ciclo de comparecencias de diferentes agentes del sector agroalimentario que analizarán en el Congreso el proyecto para modificar nuevamente la Ley de la Cadena y adaptarla así a la directiva comunitaria.

Imagen de una planta de procesado de aguacate. Efeagro/ Enrique HidalgoImagen de una planta de procesado de aguacate. Efeagro/ Enrique Hidalgo

Representantes del Gobierno, los mercas y las organizaciones agrarias han analizado la nueva reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en un debate en el que se ha hablado de la necesidad de madurar sus relaciones para que se basen en el equilibrio y el respeto a la norma, y adaptarla al comercio del siglo XXI.
A la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados han acudido este martes miembros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mercasa, la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y las organizaciones agrarias, que han debatido sobre la transposición al Derecho español de la directiva comunitaria de 2019 sobre prácticas comerciales desleales.

La necesidad de cumplir con la obligación de los contratos por escrito, establecer índices de precios de referencia de los costes de producción, no permitir la venta a pérdidas o a resultas, o reforzar las medidas de control para detectar ilegalidades y sancionarlas son algunos de los principales asuntos planteados por los comparecientes.
El primero en intervenir ha sido el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien ha insistido en la importancia de lograr unas relaciones comerciales entre los eslabones que estén marcadas por la distribución justa de las rentas y generando valor de abajo hacia arriba.

La reforma está previsto que incluya la obligatoriedad de los contratos por escrito para las compraventas por encima de los 2.500 euros o cuando los pagos no se hagan al contado.
Además, las cooperativas estarán obligadas a detallar a sus socios cómo y cuándo se les liquidará su producción, y se modificarán los tipos de infracciones leves, graves y muy graves, entre otros aspectos; el Gobierno quiere que la transposición comunitaria entre en vigor el 1 de noviembre.

Interior de una planta embotelladora de aceite de oliva. Efeagro/José Pedrosa

AICA Y MERCASA
La directora de la AICA, Gema Hernández, ha puesto el foco en los escasos contratos por escrito que se siguen cerrando en el sector agroalimentario, aunque estén obligados a ello.
Ha recordado que, con la nueva ley, será aún mayor el grupo de operadores obligados a tener el contrato escrito, “esencial para una lucha más eficiente contra las prácticas desleales”.
Por parte de Mercasa, su presidente, José Ramón Sempere, ha centrado su intervención en remarcar que esta compañía no interviene en la formación o el control de los precios.

Mercasa, ha añadido, es un “mero observador” en la formación de precios y su objetivo es ofrecer “unas instalaciones de calidad” para que las transacciones entre los diferentes escalafones de la cadena alimentaria se produzcan en “las mejores condiciones”.

ORGANIZACIONES AGRARIAS
El resto de la jornada ha estado reservada para las organizaciones agrarias, que han coincidido en algunos de sus planteamientos.
Desde Asaja, su presidente, Pedro Barato, ha presentado una batería de propuestas para esta reforma; entre ellas, esa necesidad de referenciar los precios de los insumos porque “no hay excusas” para no hacerlo; que se asegure el cumplimiento de la prohibición de la venta a pérdidas o que se aporten los medios necesarios para el pleno funcionamiento de la AICA.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ve bien que sea el Observatorio de la Cadena el que estudie los índices de referencia y ha pedido que tanto el canal Horeca como los productos extracomunitarios importados se sometan a la nueva ley; todo, además, con el fin de acabar con la “posición de dominio” hacia el productor y lograr unas relaciones propias “del siglo XXI”.
La vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha pedido que se proteja la identidad de los denunciantes, se registren los contratos alimentarios o se regule la destrucción de valor en la venta final del producto.

Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, ha pedido la inclusión de costes de producción validados por lo que se ha mostrado contrario a la venta por debajo de esos costes.
El secretario de La Unió de Llauradors, Joan Manuel Mesado, es partidario de publicar las sanciones por infracciones a la ley así como articular un sistema de daños y perjuicios al que los productores puedan acogerse.
La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, ha solicitado medidas para que el plátano no pierda competitividad frente a las importaciones desde países terceros.

 

 

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