LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

Precios agrícolas por encima de costes, una medida para una cadena más justa

El Gobierno ha emprendido este año la primera gran reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria con el objetivo de mejorar su funcionamiento y para que los agricultores y ganaderos dejen de ser su eslabón más débil y puedan, al menos, asegurarse precios por encima de los costes de producción.

Movilización de agricultores a principio de 2020. Efeagro/COAGMovilización de agricultores a principio de 2020. Efeagro/COAG

El año 2020 comenzó con protestas y tractoradas de los productores españoles, que exigían, por enésima vez, precios justos para el campo en un sector clave y calificado de “esencial” por el Gobierno durante el estado de alarma por la crisis de la covid-19.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, se comprometió a cambiar las reglas de juego comerciales para conseguir de una vez por todas “una cadena alimentaria más justa, más equilibrada y que forme valor en cada uno de sus elementos“.

Y es que esta normativa española, que fue una de las principales inspiraciones de la directiva comunitaria de 2019 sobre prácticas comerciales desleales agroalimentarias, no ha corregido las asimetrías existentes en el poder de negociación de los distintos eslabones de la cadena, sobre todo del primario.

El pasado 26 de febrero el MAPA publicó el Real Decreto-Ley 5/2020 de medidas urgentes en materia agrícola y alimentaria que reformaba de forma puntual la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013 por la entonces ministra Isabel García Tejerina.

precios agrícolas costes

La Ley de la Cadena Alimentaria regula las transacciones comerciales desde el campo hasta la tienda. Efeagro / Juan Javier Ríos.

En su preámbulo, Agricultura reconoce que en los últimos meses de 2019 y los primeros de este año había una “caída sostenida de los precios percibidos por los agricultores y ganaderos”, “tensiones comerciales en los mercados internacionales” y una “volatilidad de las cotizaciones de las materias primas”.

Según el MAPA, “la Renta Agraria de 2019 descendió un 8,4 % tras un año de estancamiento en 2018” en un periodo con un “incremento de los costes de los insumos agropecuarios, como la energía“, y una “mayor frecuencia de daños por los efectos del cambio climático“.

Una de sus aportaciones ha sido que, a partir del 26 de agosto, será de obligado cumplimiento la inclusión de un cálculo delcoste efectivo de producción” de cada alimento fresco o transformado en los contratos, en cualquier eslabón de la cadena, para que el precio final de compraventa nunca se sitúe por debajo de él.

No es una opción, es una obligación legal“, afirmaba Planas a finales de junio al defender en el Pleno del Congreso que los costes de producción sean a partir de ahora la base para la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario.

Opiniones dispares en la producción

Asaja, UPA y COAG, convocantes de las movilizaciones de enero y febrero, han valorado en líneas generales la respuesta legislativa del Ejecutivo a su demanda de precios justos, que sin embargo no ha sido tan bien acogida por otras organizaciones de sectores como el hortofrutícola, el aceite de oliva o la aceituna.

Fuentes de los servicios técnicos de Asaja han considerado “de justicia” que los precios estén siempre por encima de los costes de producción; en COAG creen que “sin esta nueva norma, el comprador impone su precio de compra”, y en UPA, que la reforma permitirá la fijación de precios de “de abajo a arriba” y no como hasta ahora.

Cooperativas Agro-alimentarias de España no ha querido hacer una valoración de la reforma de febrero -que también regula las promociones comerciales de alimentos- pero sus representantes en Andalucía consideran que obligar a vender por encima de costes de producción puede conllevar “más perjuicios que beneficios”.

“Puede ser el fin de las explotaciones menos rentables o el remplazo de los productos españoles por otros más competitivos en los mercados interiores y exteriores, como ocurre en España con el tomate marroquí“, han puesto como ejemplo.

En Asemesa han asegurado que el Gobierno no ha calculado “el impacto de ese precio de referencia” en sectores con alta vocación exportadora como el de la aceituna de mesa, que vende fuera de España el 80 % de su producción.

El director de la federación de frutas y hortalizas Fepex, José María Pozancos, no ve problemas siempre que el precio de mercado esté por encima del coste efectivo de producción, pero opina que en situaciones de crisis y con una demanda de mercado exterior donde no existe ese requisito, la ley será “inaplicable“.

En Almería, el gerente de la asociación de productores-exportadores hortofrutícolas Coexphal, Luis Miguel Hernández, no rechaza la ley, pero sí pone en duda su aplicabilidad ya que desde su punto de vista necesita un “desarrollo normativo más completo”.

Tanto Fepex como Coexphal prefieren un modelo como el de Francia, donde no se imponen precios, si no que se recomiendan, y hay un régimen de precio post-venta por si los de mercado son inferiores a los resultantes de marcar el coste de cada eslabón en determinados momentos.

El MAPA quiere finalizar en octubre la segunda y última fase de la reforma de la Ley de la Cadena 12/2013 con la transposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, que ampliará el abanico de infracciones y protegerá a los operadores nacionales en las relaciones comerciales internacionales.

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