AGRICULTURA DESPOBLACIÓN

El futuro del acceso a la tierra depende de un cambio normativo en España, según expertos

Las dificultades para acceder a la tierra son un “hiperproblema”, según los expertos que abogan por un cambio en la normativa y mejoras fiscales para poder encarar este reto social, ambiental y territorial que afronta la España vaciada y que afecta en gran medida a la falta de relevo generacional.

Un campo de cultivo de espárragos en Torre del Burgo. EfeagroUn campo de cultivo de espárragos en Torre del Burgo. Efeagro

Así lo revela un informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) titulado “Estudio sobre el Acceso a la Tierra. Documento final del Grupo Focal de Acceso a la Tierra”, que plantea también la necesidad de adaptar las definiciones a la situación actual y aumentar el acompañamiento, formación y asesoramiento a los jóvenes.

Es esta falta de relevo generacional lo que ha llevado a una situación ” de auténtica necesidad”, explica en declaraciones a Efeagro el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya que “dos tercios de los agricultores y ganaderos españoles tienen 55 o más años y van a jubilarse en esta década”.

Tenemos un relevo generacional necesario que quizás sea inferior en número, es una tendencia natural -el descenso de la población activa en el sector primario-, pero tiene que ir acompañada si queremos responder a las necesidades productivas, y también al reto demográfico en la España interior con explotaciones rentables”, afirma el ministro.

Precisamente, este estudio, elaborado por equipo de más de 30 expertos e impulsado por el MAPA, enfatiza que el despoblamiento es un “problema prioritario” en la Unión Europea.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una entrevista con Efeagro. Efeagro/Chema Moya

Pero, aunque el acceso a la tierra es “la barrera más importante para que los jóvenes agricultores se incorporen al sector agrario”, hay que considerar un panorama “complejo”, lleno de variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas y ecológicas.

El estudio identifica que algunos de los obstáculos asociados a este campo son la baja movilidad, disponibilidad y asequibilidad de tierra, el alto precio de compra y alquiler, las implicaciones fiscales, el excesivo desembolso necesario en el comienzo de la actividad, la falta de asesoramiento o el efecto de un sistema de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) vinculado a la tierra.

Es precisamente la PAC y sus ayudas las que juegan un papel “muy importante” en este tema, alega el ministro, sumado a la convergencia, “porque la existencia de una incorporación de jóvenes con derechos de la reserva nacional situados en valores medios frente a derechos basados en referencias históricas muy superiores dificulta mucho la incorporación de jóvenes”.

Identifica también otros “elementos fundamentales” de esta nueva PAC, “referentes a innovación y digitalización, en relación con el asesoramiento, la formación y el acompañamiento”.

Planas insiste en que es necesario el apoyo de las administraciones para impulsar la fijación de los jóvenes al territorio rural ya que “el proyecto de instalación de un joven, como cualquier nuevo empresario, no es de un año, ni de dos ni de tres. Necesita una estabilidad de al menos de 5 a 10 ejercicios para realmente consolidar su modelo de negocio”.

Cambios normativos y fiscales, entre otros

Sobre el aspecto normativo, los expertos sugieren la revisión y adaptación de la legislación ya existente hacia la actualización de definiciones, requisitos, ventajas fiscales, aspectos de seguridad jurídica y procedimientos, así como la elaboración de nuevas regulaciones que se consideren necesarias, como las destinadas a proteger la superficie agraria útil.

Los impulsores de estos cambios deben hilar fino hasta el punto de establecer una definición adecuada de la figura de agricultor genuino en el Plan Estratégico Nacional de la PAC post 2020, o ampliar las definiciones de actividades agrarias y actividades complementarias en la normativa nacional.

Sobre las medidas fiscales, defienden la necesidad de ampliar y mejorar los incentivos a la titularidad compartida y sobre todo a la titularidad plena de la mujer o activar líneas de ayuda al crédito para la incorporación de jóvenes agricultores desde entidades públicas como el Banco Europeo de inversiones (BEI) o el Instituto de crédito Oficial (ICO).

En concreto, piden la valoración de aspectos como la bonificación del 50% de la cuota de la Seguridad Social a todos los jóvenes durante cinco años desde la fecha de su establecimiento efectivo, la modificación de los regímenes aplicables al IRPF en distintas situaciones o de la exención del impuesto de sucesiones y donaciones en determinadas circunstancias.

Un cambio de muchas dimensiones

Como conclusión, los creadores del estudio reconocen que se trata de un proceso innovador que exigirá cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos y ecológicos, además de implicar la revisión de mecanismos institucionales que se utilizan para decidir quién tiene derecho a qué recursos y en qué condiciones, pero va directamente ligado a la recuperación del territorio.

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