El sector ganadero pide que se suspenda la orden que protege al lobo

El sector ganadero representado por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que prohíbe cazar al lobo y pide su suspensión mientras se tramita este recurso.

Un lobo localizado en Asturias. Efeagro Archivo/ J.L. CereijidoUn lobo localizado en Asturias. Efeagro Archivo/ J.L. Cereijido

Con este recurso a la orden que protege el lobo  ante la Audiencia Nacional, las organizaciones agrarias tratan de evitar que se agrave “aún más” la situación de los ganaderos, según han indicado este miércoles en un comunicado.
Los representantes de los ganaderos han recordado que, como el propio Miteco reconoce en su última Memoria, “desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no sólo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas”.
Con anterioridad a la inclusión del lobo en el listado Lespre, los ganaderos al norte del río Duero perdían una media de 9.812 animales al año, pero la incorporación del lobo en este régimen de protección especial supondrá, según los ganaderos, “un incremento exponencial” de estas pérdidas.

Un lobo localizado en Asturias. Efeagro Archivo/ J.L. Cereijido

Daños económicos y sociales

En el recurso presentado se detallan los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, “siempre parciales e insuficientes”, para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.

Así, en Asturias, en el periodo 2017-2020, el número de animales dañados asciende a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y otro tanto en 2020.
En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de lobo en 2020.
En Galicia, las reses atacadas que fueron declaradas ascienden a unas 2.300 al año, aunque el “número real” de bajas “probablemente” se acerque a las 4.000, han apuntqado.
En Castilla y León, de enero a septiembre de 2020 se han declarado 1.835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas.
El recurso de las organizaciones argumenta “cómo el lobo no está en situación vulnerable al norte del Duero”; la “desprotección” en la que quedan vacas, ovejas y equinos y la presión que ejerce el lobo sobre la ganadería extensiva, causando un “grave” impacto económico y social “tanto a los ganaderos como al conjunto del medio rural”.

Un limbo jurídico

Además, en el recurso también se alega cómo esta Orden ha entrado en vigor sin estar precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo.
Por otro lado, su aprobación deja en “papel mojado” los Planes de Gestión de las cuatro comunidades autónomas afectadas, “lo que aboca al sector agrario a un limbo jurídico”.
Por todo ello, “se pide la suspensión cautelar de la misma y el mantenimiento del ‘status quo”.

Publicado en: Ganadería
(No Ratings Yet)
Cargando…