Prohibida su caza

El blindaje del lobo genera una ola de satisfacción… y otra de indignación

La prohibición formal de la caza del lobo ibérico en España ha generado este lunes una oleada de aplausos de las organizaciones ambientales y otra muy diferente de críticas por parte de ganaderos, cazadores y representantes de las CCAA más afectadas, que llevarán esta decisión a los tribunales.

Un lobo ibérico de Castilla y León. Efeagro
Un lobo ibérico de Castilla y León. Efeagro

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden del Gobierno que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para incluir al lobo ibérico (“Canis lupus”), con el aval del Consejo de Estado y el Comité Científico.
Su objetivo es “unificar el nivel de protección de la especie” y fijar “medidas preventivas, indemnizaciones y mecanismos de control para evitar y paliar los daños por ataques a la ganadería extensiva”, por lo que, desde mañana, cazar un lobo en cualquier punto de España será un delito tipificado en el Código Penal castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses.

Las organizaciones conservacionistas han acogido la medida con satisfacción ya que supone “un paso importantísimo para el equilibrio de nuestros ecosistemas” tal y como lo describen desde WWF España, aunque insisten en que “llega tras años de denuncias, estudios, manifestaciones, informes y procesos judiciales” según recuerdan desde Ecologistas en Acción.

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) cree que supone “reparar un error histórico”, al ser el lobo “la única especie de carnívoro terrestre de España no protegida hasta ahora”, como el oso pardo y el lince ibérico.

Partidos políticos como Alianza Verde, coordinado por Juantxo López de Uralde, han calificado de “magnífica” una noticia que llevaban “años esperando” y advierten de que velarán porque se garantice esa protección con recursos suficientes para fomentar la ganadería extensiva y su convivencia con la especie.

Reacciones de rechazo

 

Enfrente están agricultores, ganaderos, cazadores y representantes políticos de las CCAA de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, las más afectadas por el nuevo estatus del lobo ibérico, que tildan la decisión de “puñalada”, “frustrante” e “indignante” y temen por el futuro del mundo rural.
Un ganadero muestra las heridas causadas por un lobo a una de sus ovejas en una finca de Segovia. Efeagro/Pablo Martín

Un ganadero muestra las heridas causadas por un lobo a una de sus ovejas en una finca de Segovia. Efeagro/Pablo Martín

 

Los responsables de medioambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez; el Principado de Asturias, Alejandro Calvo; el Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, y la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones (además del vicepresidente castellanoleonés, Francisco Igea), han anunciado desde sus respectivas regiones que irán a los tribunales para frenar la entrada en vigor de una orden “sin rigor científico” y “contraria a los principios del Reto Demográfico del propio MITECO”.

Blanco ha llegado a pedir que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien asuma la responsabilidad porque “al menos un miembro de su Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Planas, está en contra de que se adopte esta medida sin consenso”.

Planas ha contestado apoyando la orden aunque reconociendo que “los ganaderos sienten miedo muchas veces”, lo que justifica medidas de compensación y defensa “frente a los ataques que puedan ocasionalmente producirse”.

En los próximos días las CCAA implicadas se reunirán para analizar la situación y coordinar acciones y lo mismo harán las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que han acusado al Gobierno de “condenar a la extinción a la ganadería” con una medida “urbanita e irresponsable, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural”, impulsada “con prepotencia” por una decisión “tendenciosa e ideológica basada en la falsedad de que el lobo está amenazado en España”.

Acusan a la ministra Teresa Ribera -a la que COAG ha llegado a pedir que se declare persona ‘non grata’ en Castilla y León- y al MITECO de “faltar a su palabra” con un “capricho caciquil” porque “se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de adoptar esta medida”, decidida por “una minoría de animalistas” ubicada en “los despachos y no en los pueblos ganaderos”.

La Real Federación Española de Caza también ha anunciado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, pues considera lo ocurrido como “un capítulo más de la hoja de ruta que tiene el MITECO para intentar acabar con la caza”, mientras que el presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López, cree que es “un error” que “rompe el consenso” con una “decisión más política que científica”.

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