PLATAFORMAS DIGITALES

El diálogo social considera a los “riders” asalariados en España pese a las críticas

Gobierno, patronal y sindicatos en España han coincidido en la condición de asalariados que deben tener los repartidores de plataformas digitales, los denominados “riders”, a pesar del rechazo que esto genera en una parte de ese sector.

Una protesta de 'riders'. Efeagro/J.L. CereijidoUna protesta de "riders". Efeagro/J.L. Cereijido

Según señalan a Efeagro fuentes del diálogo social, la mesa ha concluido con “todas las partes de acuerdo en que hay que laboralizar a los riders” y con una nueva propuesta de la patronal CEOE en este sentido.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han asegurado que tras la reunión las tres partes han dado por finalizado el proceso de negociación sobre los “riders”, aunque no se haya logrado cerrar un texto definitivo, “dado que es la primera ocasión en la que la patronal ha expresado su opinión sobre esta materia”.

El Gobierno se ha comprometido a aportar ahora un documento de síntesis con las distintas propuestas de las partes en aras de cerrar una regulación que deje clara la relación laboral de un colectivo al que el Tribunal Supremo ha considerado falsos autónomos.

Una vez recibido ese documento las organizaciones sindicales y empresariales tomarán posición al respecto y solo habrá alguna reunión de carácter técnico, si se considera necesario para perfeccionar técnicamente el texto.

Un repartidor de Glovo. Efeagro/Marta Pérez

Un repartidor de Glovo. Efeagro/Marta Pérez

Las negociaciones para abordar la situación de falsos autónomos de estos trabajadores comenzaron hace más de medio año y se han ido dilatando antes diversos escollos en la negociación, como su ámbito de aplicación, que se limitó desde una postura inicial más amplia, o la eventual creación de un registro de plataformas.

La oposición de la CEOE a esta ley en un principio ha llevado a los sindicatos a pedir al Gobierno que legisle aunque no haya un acuerdo tripartito.

No obstante, UGT y CCOO lamentan la intención expresada por el Ejecutivo de que el reconocimiento de la relación laboral se limite a los repartidores y no abarque a quienes, en las mismas condiciones descritas por la sentencia del Supremo, realizan su trabajo para otras plataformas digitales que están utilizando de forma fraudulenta el trabajo autónomo.

Repartidores a favor de ser autónomos

Los representantes de los repartidores a favor de seguir siendo autónomos han advertido de que la ley que prepara el Gobierno con patronal y sindicatos para regular su profesión y obligar a que tengan contrato de plantilla causará más paro y precariedad, justo lo que se pretende evitar.

En un comunicado suscrito por las tres asociaciones que representan a este grupo (AAR, APRA y Asoriders) y publicado este miércoles, han reclamado una vez más a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que los reciba y escuche su postura para tenerla en cuenta a la hora de aprobar una nueva legislación.

Los firmantes alertan de que si finalmente se obliga a las plataformas de reparto (como Deliveroo, Glovo y Ubereats) a contratarlos en plantilla, se corre el riesgo de que “todas las ciudades pequeñas se queden sin servicio” de entrega de comida a domicilio.

“Sin autónomos las plataformas dejarán de invertir en España y los restaurantes perderán millones de euros”, han subrayado.

En su opinión, las compañías optarán en todo caso por subcontratar a terceros para atender el “delivery” y han citado el ejemplo de Just Eat, que ofrece a los bares llevar sus pedidos a través de una firma externa especializada en reparto.

Con la alternativa que propone Trabajo “los repartidores tendríamos unas condiciones mucho peores y no ganaríamos ni la mitad de lo que ganamos hoy, además de perder toda capacidad de decidir cuándo y cuánto trabajamos”, han defendido.

El colectivo “pro autónomo” ha reconocido que sí pretende “mejorar las condiciones” laborales de los repartidores, pero negociando con las plataformas “un ingreso mínimo por hora, mejoras en los seguros privados y vacaciones”.

Además, han instado a las autoridades a seguir el ejemplo de las regulaciones aprobadas para el sector en países como Francia o Italia.

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