Desde el día 1 para los barcos del Atlántico

Los pescadores entran en 2016 con el veto a los descartes de merluza

Los barcos que capturan merluza y cigala en el Atlántico estarán sometidos desde el 1 de enero a las normas de la Unión Europea (UE) que vetan el descarte de pescado. Es el primer reto de 2016 para un sector que despide el año con un balance de luces y sombras.

Barco amarrado en el puerto de Pontedeume (A Coruña). Foto: EFE ARCHIVO/ CabalarBarco amarrado en el puerto de Pontedeume (A Coruña). Foto: EFE ARCHIVO/ Cabalar

En 2016 se amplía a la merluza y a la cigala la regulación comunitaria que prohíbe los descartes (capturas no deseadas de peces que después, muertos o moribundos, se tiran al mar). Se trata de una de las principales medidas de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), cuyo fin es evitar el desperdicio de pescado.

La regulación contra los descartes empezó a aplicarse este año para especies como la caballa (verdel o xarda) o la anchoa y poco a poco se irá extendiendo a todos los caladeros, hasta completarse en 2019.

Los cambios vigentes desde el día 1 de enero afectan a la pesca de merluza y cigala en caladeros nacionales del Atlántico (Golfo de Cádiz, Cantábrico y Noroeste) y aguas occidentales, como las francesas del Golfo de Vizcaya o el “Gran Sol”; no conciernen al Mediterráneo.

Para garantizar que se cumple la prohibición, los barcos están obligados a desembarcar todas sus capturas en los puertos. Sin embargo, la normativa establece excepciones. La tripulación debe subir al barco todo el pescado extraído, anotar las cantidades en el diario de a bordo y llevarlo a tierra.

La costera de la caballa es una de las más importantes del Cantábrico. Buques en el puerto de Avilés (Asturias). EFE/ J.L.Cereijido

Buques en el puerto de Avilés (Asturias). EFE/ J.L.Cereijido

En España, las medidas tienen más impacto entre los navíos que capturan merluza. En cuanto a la cigala, los armadores esperan que no originen problemas, porque tiene “una alta tasa de supervivencia” en el caso de capturas accidentales, según ha declarado a Efeagro el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat.

Dentro de la prohibición, Cepesca distingue entre las aguas del norte (Gran Sol) y las ibéricas, pues en el primer caso afecta barcos  para los que la merluza represente un 30 % del total de sus capturas y utilicen mallas mayores de 100 milímetros.

En cuanto a la flota del caladero nacional, se aplica a los buques para los que la merluza represente el 10 % del total de capturas, en el caso de que extraigan más de 10 toneladas de esta especie y usen mallas de más de 100 milímetros.

Para el sector, la situación se complica más a partir de 2017, cuando las reglas se apliquen a gallo y rape, y a lo que se conoce como “pesquerías mixtas”, es decir barcos dedicados a esos dos recursos, junto con bacaladilla, bacalao o eglefino y peces para los que España no tiene cuota. Pese a que existen mecanismos de flexibilidad, para Garat “habrá problemas”.

El secretario general de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), José Manuel González Gil de Bernabé, ha subrayado que las leyes sobre los descartes han sido “una locura” e incrementado el trabajo “sin ninguna compensación”.

La flota cierra un año de claroscuros. El abaratamiento del gasóleo y la aprobación de los fondos de la UE están en el lado positivo. En el negativo, la insuficiencia de cuotas, los problemas de ingresos o el consumo bajo en los hogares.

Balance de 2015

La flota cierra un año de luces y sombras. El abaratamiento del gasóleo y la aprobación de los fondos de la Unión Europea (UE) están en el lado positivo de la balanza. En el negativo, la insuficiencia de cuotas, los problemas de ingresos o el consumo bajo de pescado y de marisco en los hogares.

Los resultados difieren según el tipo de flota, según los responsables de Cepesca y de las cofradías.

En 2015 se ha aprobado el programa del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), que supondrá una ayuda de 1.558 millones de euros para la pesca y la acuicultura hata 2023. También ha habido progresos en los acuerdos pesqueros, como el suscrito con Mauritania.

Otro avance, sobre todo defendido por el Gobierno, ha sido la lucha contra la pesca ilegal y, concretamente, la llamada Operación Sparrow, que ha supuesto el anuncio de sanciones por valor de 17,8 millones de euros y penas de inhabilitación a personas y empresas vinculadas con actividades ilícitas.

En cuanto a los negativos, la flota estima que los Totales Admisibles de Capturas (TAC)  para 2016 son insuficientes, especialmente para la de bajura que opera en el caladero nacional -por recortes en la merluza o rape- aunque los armadores han valorado los incrementos conseguidos en especies en aguas del norte.

 

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