DESTINARÁ CASI 106 MILLONES PARA REPARAR LOS DAÑOS

El Gobierno aprueba el Decreto Ley de ayudas por las últimas inundaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley de ayudas para paliar los efectos de las últimas inundaciones, cuyos daños superan los 100 millones, según cifras provisionales.

Imagen aérea del río Ebro. Cedida por Elecnor DeimosImagen aérea del río Ebro. Cedida por Elecnor Deimos

El Gobierno dedicará 105,7 millones de euros para reparar los daños ocasionados por el temporal de lluvia, nieve y viento de los últimos meses, que han ocasionado el desbordamiento de ríos, especialmente el Ebro.

En concreto, el decreto ley prevé la cobertura de los daños ocurridos como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos entre el pasado mes de enero y el 31 de mayo, dijo la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros.

También incluye los efectos causados por la crecida del río Ebro, la peor de los últimos veinte años. Ambos afirmaron  que a pesar de que la evaluación de los perjuicios aún no es completa y que los efectos todavía persisten en algunas zonas, son necesarias “acciones urgentes” para iniciar las reparaciones de bienes públicos y conceder las ayudas a los particulares.

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Interior. Foto: Moncloa

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Interior. Foto: Moncloa

Uno de los montantes más importantes previstos en el real decreto ley serán 25 millones de euros destinados a la limpieza de los cauces y del dominio público hidráulico, ha añadido el ministro del Interior. Entre 2013 y 2014, la Administración ha gastado casi 70 millones de euros en la limpieza de cauces.

Entre las novedades, el ministro del Interior ha apuntado que se amplía el concepto de establecimiento ganadero por el de explotación para extender las ayudas a otros aspectos.

Las solicitudes se podrán presentar en un plazo de dos meses -antes era de un mes- y se acorta de seis a tres meses el tiempo en que la Administración deberá resolverlas.

Publicado en: Agricultura
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