AGRICULTURA PAC

El deseo de convergencia choca con la diversidad del pago básico de la PAC en España

El decreto para la aplicación de las normas de la Política Agraria Común (PAC) en el periodo transitorio 2021-2022 muestra un deseo de mayor convergencia en el pago básico frente a las diferencias que subsisten en España.

Un agricultor recolecta uva en un viñedo de la localidad cordobesa de Montilla.  Efeagro/SalasUn agricultor recolecta uva en un viñedo de la localidad cordobesa de Montilla. Efeagro/Salas

Cuando la semana pasada el Gobierno aprobó el marco de transición hasta la entrada en vigor en 2023 de la nueva PAC que se está negociando, se topó principalmente con la oposición de Andalucía y distintas organizaciones agrarias por el perjuicio que puede ocasionar en muchos productores.

“Que el 80 % de los fondos lo perciba un 20 % de los titulares no me parece normal”, respondió el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendiendo la redistribución de los fondos.

La cuestión de fondo

La convergencia consiste en aproximar los importes de los derechos de pago que tiene cada agricultor a la media de cada una de las 50 regiones establecidas en función de la producción.

El decreto establece que cuando el valor unitario inicial de esos derechos esté por debajo del valor medio regional, se reducirá cada año la diferencia entre ese valor y la media en una cuarta parte (previamente era un tercio).

La medida se financiará con los derechos que se encuentren por encima de la media regional, sin limitación máxima de pérdidas más allá del valor medio.

Vendedores y compradores con las vacas en el mercado de ganado de Amio (Santiago de Compostela). Efeagro/Lavandeira jr

Vendedores y compradores con las vacas en el mercado de ganado de Amio (Santiago de Compostela). Efeagro/Lavandeira jr

Según la norma, ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 70 % de la media regional en 2021 y al 80 % en 2022, frente al mínimo previo del 60 %.

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) aseguran a Efeagro que, tras ver que el impacto en quienes pierden más de un 25 % de sus importes por la convergencia en 2021 era “muy limitado y afectaba únicamente al 0,5% de las explotaciones”, se decidió no mantener el límite de pérdidas del 30 % que existía.

Afirman que, con el ritmo del periodo 2015-2019, se retrasaría la convergencia completa hasta 2036, fecha “inasumible” para responder a la “necesidad” de que dos explotaciones en las mismas circunstancias reciban el mismo apoyo a la renta.

Ganaderos afectados

Las organizaciones agrarias sitúan entre los afectados a ganaderos como los de vacuno, leche, ovino o caprino, que normalmente tienen unos derechos muy altos concentrados en poca superficie.

En el MAPA precisan que, en su momento, a los ganaderos sin base territorial se les ofreció una ayuda específica, pero algunos prefirieron concentrar sus importes derivados de los derechos especiales previos a 2015 en superficies muy reducidas, lo que generó derechos con valores muy elevados.

Según sus estimaciones, “solamente el 50 % de los ganaderos que en 2014 tenían derechos especiales sufren pérdidas por la nueva convergencia”.

El técnico de Asaja Ignacio López argumenta que las condiciones de la convergencia cambian así de un modo “más abrupto”, puesto que lo que antes se ejecutaba en cinco años pasa a hacerse en uno solo y se suprime el freno del 30 %.

Entre los afectados, también menciona a los productores que hayan acumulado o comprado derechos de valores altos o procedentes de sectores antiguamente mejor remunerados.

Asaja calcula que los pagos directos de la PAC se verán reducidos en un 2 % como consecuencia del nuevo presupuesto comunitario, lo que puede incluso dejar sin efecto el aumento previsto por la convergencia para los que cobran por debajo de la media.

Durante el periodo transitorio, 680.000 agricultores y ganaderos españoles percibirán 7.200 millones de euros anuales, de los que 4.860 millones serán pagos directos en 2021, según el Gobierno.

Esperando la nueva PAC

El director técnico de COAG, José Luis Miguel, cree que el decreto busca continuar homogeneizando el valor de los derechos en cada región y facilitar la reforma de la PAC, que prevé la introducción de los ecoesquemas y la reducción del número de regiones a partir de 2023.

Esas novedades, unidas a la mayor convergencia, “harán que se desdibujen de una forma mucho más completa las referencias históricas, aunque siga quedando algún rastro de ellas”, afirma.

COAG cree, no obstante, que el decreto no responde a criterios redistributivos de carácter social y pide considerar el impacto sobre la renta de las explotaciones profesionales de poca superficie.

“Nadie del sector sabe los efectos que tiene la convergencia, solo los conocen los organismos pagadores de las comunidades autónomas y los ministerios que tienen la base de datos”, subraya el técnico de UPA Javier Alejandre, sobre la dificultad de medir los resultados en unos derechos generados “a lo largo de un proceso histórico”.

Cita el caso del tabaco, cuyos derechos tienen el valor más alto, si bien están vinculados a una comarca extremeña donde casi toda la superficie es tabaquera y las ayudas varían poco de la media, así que no habrá grandes cambios.

Alejandre sostiene que se ha optado por avanzar en la convergencia sin que todavía estén disponibles herramientas de compensación como las ayudas redistributivas o los ecoesquemas, por lo que confía en que el futuro plan estratégico nacional ayude a mitigar sus efectos negativos.

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