El pleno del Congreso tramitará como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia el Real Decreto con medidas para cubrir el déficit de mano de obra que sufre el campo ante la imposibilidad de traer a extranjeros que cubran las campañas hortofrutícolas debido a la pandemia del coronavirus.

Los grupos parlamentarios contarán ahora con un plazo, más abreviado del normal, para poder aportar enmiendas al texto aprobado por el Ejecutivo.
Este tipo de tramitación ha contado con el voto a favor de 184 diputados, 160 en contra y seis abstenciones.
Previamente, fue sometido a votación la convalidación del Real Decreto, que ha salido adelante con 258 votos favorables, uno en contra y 91 abstenciones.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado el texto como una "buena medida de política laboral" que, no obstante, estará sometida a "prórrogas y ajustes si es necesario".
Según el ministro, a día de hoy "no existe ningún problema" de mano de obra en las fincas, pero "hay preocupación" para las que van a comenzar.
El Gobierno "es sensible a estas necesidades" y "tenemos tiempo" para actuar, ha señalado.

Los beneficiarios, según Planas, serán los desempleados, que incluso podrán simultanear de forma "extraordinaria" su subsidio con un jornal cerca de sus municipios, o los temporeros extranjeros legales, los empresarios agrícolas que necesitan mano de obra y los ciudadanos.

El ministro ha remarcadoo que el contenido legal es compatible con la búsqueda de otras soluciones en las zonas afectadas por esa falta de operarios, que se calcula entre 75.000 y 80.000 jornaleros.

La vigencia del Real Decreto será hasta el 30 de junio, pero ha matizado que "está abierto" a una "reconsideración" de esa fecha en las "próximas semanas", en caso de que fuese necesario.

Planas ha valorado el trabajo del sector agroalimentario para asegurar el abastecimiento durante esta pandemia y ha recordado que la Comisión Europea adoptará en los próximos días programas de apoyo a mercados agrarios, flexibilización en las reglas de competencias y ayudas para el almacenamiento privado.

La posición de los grupos políticos

La diputada socialista, Isaura Leal, cree que esta Ley incorpora "importantes" condiciones de "flexibilidad" para que pueda ser aplicado, aportando "soluciones locales" a un "problema de necesidad empresarial y de importancia sociolaboral".

La portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Milagros Marcos, ha considerado que el real decreto es "humo" porque tiene "mucho de postureo" y "poco de laboreo", y que el propio sector lo ve como "insuficiente" porque "no aporta, es restrictivo".

Desde VOX, su diputado, Ricardo Chamorro, estima que el texto es "adecuado", pero "insuficiente", y ha pedido más flexibilidad en los desplazamientos de las cuadrillas de jornaleros o en las personas beneficiarias de esos contratos porque cree que debería haberse incluido a los autónomos o afectados por ERTEs debido a la COVID-19.

El diputado de Unidas Podemos Juan Antonio López lo ha apoyado, al entender que supone un "paso adelante" con "medidas imprescindibles", pero pide también ser "más ambiciosos" en futuras normativas.

Desde el resto de partidos, el diputado del grupo Republicano Gabriel Rufián ve "razonable" la norma, pero duda que pueda responder a "picos" de recogida en las campañas hortofrutícolas.

Del Grupo Plural, Concep Cañadell (Junts per Catalunya) ha señalado que las acciones "no son suficientes", ya que se quedan "cortas", mientras que desde Ciudadanos María Muñoz ha pedido que se permita el movimiento de jornaleros entre comunidades autónomas.

Por parte del grupo Vasco, Joseba Andoni Agirretxea ve positivas las medidas, aunque pide impulsar el consumo nacional de productos alimentarios; Mertxe Aizpurua (EH Bildu) cree que se facilita la labor para los parados y por el grupo Mixto Carlos García estima que las medidas no están "resultando adecuadas, como se esperaba".