¿RESPIRARÁN TRANQUILOS LOS AGRICULTORES?

Entra en vigor el nuevo Código Penal

¿Estarán los agricultores más seguros frente a los “cacos” y los robos? Hoy entra en vigor la reforma del Código Penal, aprobada este año por el Gobierno, que pretende mejorar la protección jurídico-penal de las explotaciones agrarias.

Agentes de la Guardia Civil en una patrulla por el campo. Foto: EFE ARCHIVO/ Nacho Gallego.Agentes de la Guardia Civil en una patrulla por el campo. Foto: EFE ARCHIVO/ Nacho Gallego.

Las organizaciones profesionales agrarias han coincido en valorar las novedades que recoge el nuevo código penal -que entra en vigor hoy- y confían en que contribuya a reducir la inseguridad y los robos en el medio rural.

Asaja destaca que el nuevo código supone “una mejora notable de la protección jurídico-penal de las explotaciones agrarias”, al recoger una serie de delitos agravados –hurto, robo y receptación– que se refieren a los productos agrarios y a los instrumentos o medios que se utilizan en su obtención.

Resalta  como “muy positivo” que ya en la exposición de motivos “se reconozca expresamente la grave problemática que afecta a las explotaciones agrícolas y ganaderas”, y que causa a sus propietarios unos perjuicios elevados, muy superiores a los que corresponde a la mera valoración de lo sustraído.

Delito agravado de hurto

Como ejemplo de las novedades, Asaja comenta que se considerará un delito agravado de hurto, sancionado con una pena de prisión de uno a tres años, la sustracción de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

El presidente de COAG-IR Murcia, Miguel Padilla, comenta que el nuevo código no acabará con los robos pero sí podría frenarlos. Destaca, por ejemplo, que se incluye un “delito agravado” para luchar contra el daño que provocan los ladrones en las explotaciones agropecuarias, con penas de entre dos y cinco años.

Sobre este aspecto, Padilla recuerda que, en muchos casos, el agricultor se veía más afectado por los destrozos ocasionados por estos actos que por la pérdida económica de lo robado en sí mismo, al tiempo que ha argumentado que se refuerza el castigo contra los delincuentes habituales para evitar la reincidencia.

Inseguridad en el campo

Por su parte, la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, afirma que “queremos que el agricultor y el ganadero se sienta seguro en su explotación, haciendo su trabajo”, un objetivo al que debería contribuir el nuevo código penal.

En declaraciones a Efeagro, Cortiñas ha destacado que el hecho de que el nuevo código penal recoja una serie de delitos agravados “puede ser disuasorio” para evitar muchos robos en el medio rural.

En cualquier caso, subraya que debe ponerse el acento en evitar que se produzcan los robos porque “los daños nunca son cuantificables” del todo, es decir, que siempre son mayores que los “objetivables”, al tiempo que ha apuntado que “lo que más disuade a los ladrones es que éstos vean que hay Fuerzas de Seguridad del Estado“.

Un ganadero de Lleida informa desde una de las granjas en una patrulla organizada para evitar robos. EFE/ Archivo.David Besora

Un ganadero de Lleida informa desde una de las granjas en una patrulla organizada para evitar robos. EFE/ Archivo.David Besora

Algunas novedades, en breve

1.- Entre las novedades, figura la previsión de un delito agravado de robo con fuerza en las cosas si afecta a productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios para su obtención; sancionándose en este caso con una pena de dos a cinco años de prisión.

2.- Con relación a los delincuentes habituales, se prevé un delito agravado de hurto, sancionado con pena de prisión de uno a tres años, cuando hayan sido condenados por tres delitos patrimoniales.

3.- De igual forma, se incorpora un delito agravado de receptación -lo comete quien compra bienes hurtados o robados- cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, estableciéndose una pena de uno a tres años de prisión.

 

 

 

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