El proyecto de real decreto anunciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) busca incorporar al ordenamiento jurídico español la directiva europea 2015/720 para disminuir este consumo en toda la UE y prevé el cobro de un precio mínimo de entre 5 y 30 céntimos por unidad a partir del 1 de enero de 2018.

Sin embargo, la CNMC considera que “la efectiva imposición de una figura tributaria en vez de la fijación de un precio mínimo” sería más razonable por varios motivos.

Así, además de ser “más respetuosa con la libertad de empresa“, esta medida permitiría “internalizar” en la sociedad el daño producido al medio ambiente y no generaría “una apropiación indebida de rentas fundamentalmente por las empresas distribuidoras”.

Objetivos europeos

Las legislación europea aspira a reducir el nivel de consumo anual a un máximo de 90 bolsas por persona a 31 de diciembre de 2019 y no más de 40 a 31 de diciembre de 2025.

En la actualidad y según diversos estudios, se utilizan hasta 238 bolsas por persona y cada una de ellas tarda unos 400 años en descomponerse totalmente; además, apenas un 10 % se reciclan, lo que genera unas 100.000 toneladas de residuos al año.