El proyecto -que presentó el Gobierno el pasado mes de junio- incluye actuaciones como las exenciones en las tasas de riego, cambios en la facturación de las tarifas eléctricas o moratorias en el pago de las cuotas que abona el productor a la Seguridad Social.

El texto final incorpora enmiendas del Senado, entre las que destaca una reducción de las peonadas o jornales (pasan 35 a 20) exigidos en Andalucía o Extremadura para el cobro del subsidio agrario.

La posición de los grupos de la oposición ha variado según las enmiendas, pero en el debate se han mostrado más críticos Unidos Podemos, Ciudadanos, Compromís, ERC y PdCat, quienes han mencionado que el Senado ha supuesto un paso atrás respecto al primer dictamen del Congreso.

Entre las medidas aprobadas figuran la "flexibilización de contratos para la cesión de los derechos de agua o la moratoria en los pagos a la Seguridad Social para empresas y autónomos", según explicó el diputado del PP Juan Vicente Pérez Aras.

Un fondo público para el agua

Tras el Senado, según Pérez Aras, el proyecto incluirá aclaraciones para facilitar el anticipo del 70 % de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

También plantea el establecimiento de un "fondo público del agua" (con presupuesto sin precisar) y, según el PP, la dotación de "más competencias legislativas" en algunos ámbitos.

José Juan Díaz Trillo (PSOE) ha apuntado que en el caso de las peonadas para el subsidio agrario hubiera sido preferible su eliminación, pero "más vale 20 que 35, aunque la medida llegue tarde y mal" Díaz Trillo añadió que la ley se aprueba tras "un largo partido" y ha confiado en que "aunque sea en los penaltis" los agricultores y ganaderos ganen la batalla a la sequía.

Pedro Arrojo (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) ha manifestado que el texto final "supone una involución" tras pasar por el Senado y la "mayoría absoluta del PP", para que quede como propuso inicialmente el Gobierno.

Arrojo criticó que se haya rechazado un trato diferenciado a las explotaciones vulnerables y que no hayan salido adelante actuaciones para evitar la especulación hídrica o la sobreexplotación de acuíferos"; a su juicio, el proyecto "bendice" el libre mercado del agua.

Miguel Ángel Garaulet (Ciudadanos) ha criticado "los movimientos en el Senado y las amistades peligrosas" del PP y del PSOE, quienes "cambian de postura sobre el agua según el territorio"; los portavoces de los dos partidos han rechazado esa acusación.

Críticas al "tasazo"

Además, Garaulet se ha referido al "tasazo" de 120 euros/hectárea que deben pagar los regantes del sureste por infraestructuras de trasvases "sin recibir una gota".

Dicha tarifa ha sido también criticada por Ignasi Candela (Compromís, Grupo Mixto), quien, por su parte, ha lamentado que "se estén apretando las tuercas" al agricultor.

Ferran Bel (PdCat, Grupo Mixto), afirmó que el proyecto abre la puerta a los trasvases, mientras que Joan Oloriz (ERC) ha añadido que el Senado ha servido para pactos "extraños" y "para romper consensos" en un asunto difícil como el agua.