BEBIDAS

La tasa a las bebidas azucaradas en Cataluña se seguirá pagando

La patronal que agrupa a las empresas de refrescos Anfabra ha advertido de que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular el reglamento aprobado por el Gobierno catalán que regulaba el impuesto a las bebidas azucaradas no suspende de momento su aplicación. Supuso un ingreso de 42 millones de euros.

Jóvenes beben refrescos en la calle. EFE/Sáshenka GutiérrezJóvenes beben refrescos en la calle. EFE/Sáshenka Gutiérrez

“El fallo no suspende el impuesto, la Generalitat puede recurrir. Sólo se dejará de aplicar una vez la sentencia sea en firme”, ha explicado en declaraciones a Efe el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), Josep Puxeu. En su opinión, lo más probable es que todavía haya que recorrer “un camino largo” hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva una vez agotados todos los recursos.

Refrescos puestos a la venta en un supermercado en Londres (Reino Unido). EFE/ Will Oliver

En la misma línea, el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, aseguró este jueves que el impuesto catalán a las bebidas azucaradas se seguirá pagando y que el Govern trabajará para lograr que el reglamento que despliega esta ley, ahora anulado judicialmente, “vuelva a estar vigente” lo antes posible.  Abundó que “el impuesto no está anulado, sino el reglamento que desarrolla aspectos técnicos”, y ha sentenciado: “El oligopolio de la industria alimentaria que ha puesto en el punto de mira este impuesto desde el primer día no nos tumbará”. “La ley del impuesto sigue vigente y el impuesto se tendrá que pagar”, ha asegurado Aragonès, que ha precisado que el Govern “volverá a aprobar” aquellos aspectos técnicos incluidos en el decreto anulado para que vuelvan a estar en vigor.

La decisión judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado nulo el decreto del Gobierno catalán que regula el impuesto autonómico sobre bebidas azucaradas envasadas, creado a través de los presupuestos de 2017. El TJSC estima así el recurso interpuesto por diversas patronales y asociaciones, entre ellas la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en contra del reglamento de este impuesto, contra el que cabe recurso.

La sección segunda de la sala contencioso-administrativa del TSJC considera que el Gobierno catalán “ha prescindido de los trámites de consulta, audiencia e información públicas expresamente exigidos” a la hora de tramitar este decreto. El recurso lo habían presentado, además de FIAB, la patronal de la gran distribución Anged, la asociación de grandes cadenas españolas de supermercados (Aces), la de distribuidores de autoservicios y supermercados (Asedas), la asociación de codificación comercial Aecoc; la asociación empresarial de marcas de restauración y la asociación Promarca. Estas entidades se oponían al citado decreto por su “falta de justificación y precipitación”, por la omisión de trámites relevantes en su tramitación, por apreciar vicios de constitucionalidad y por vulneraciones del derecho europeo.

El TSJC ve “evidente” la vulneración de los preceptivos trámites de consulta, audiencia e información públicas, y por ello no cree “necesario entrar a examinar los restantes motivos del recurso”. Para sustentar su decisión, el TSJC argumenta que el gobierno catalán “pretende escudar su actuación en la innecesidad de tales trámites o en el hecho de que la Comisión Jurídica Asesora tan solo aprecia un déficit de motivación respecto a la omisión de los mismos”. Sin embargo, el tribunal concluye que “no nos encontramos ante una insuficiente motivación, sino que la motivación alegada se aparta de forma evidente de las causas que la propia ley establece para poder prescindir de tales trámites”.

La dirección general de Tributos de la Generalitat alegó en su momento ante la Comisión Jurídica Asesora que consideraba que ese decreto no debía superar todos esos trámites porque el despliegue reglamentario, la carga impositiva y las obligaciones fiscales ya venían contempladas en la ley que creó este impuesto; es decir, en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017.

¿Cómo es este impuesto?

Este impuesto catalán a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en mayo de 2017, lo gestiona la Agencia Tributaria de Cataluña y aportó el año pasado 42 millones de euros. El impuesto grava el consumo de bebidas azucaradas envasadas; esto es, aquellas que contienen edulcorantes calóricos añadidos, como el azúcar, la miel, la fructosa o la sacarosa, entre otros.

Así pues, en la práctica, el impuesto afecta a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, aguas con sabores o bien a bebidas energéticas, aunque quedan exentos por ejemplo los yogures bebibles o las leches que no contengan edulcorantes

 

Sastisfacción en el sector

El sector alimentario ha calificado de positiva la sentencia que declara nulo el decreto del Gobierno catalán que regulaba el impuesto sobre las bebidas azucaradas, una tasa que denunciaron a finales de 2017 por considerar que provoca “inseguridad jurídica”.

El recurso lo presentaron formalmente representantes de las organizaciones agrarias (Cooperativas Agro-Alimentarias, Asaja, COAG y UPA), la industria alimentaria (FIAB y Promarca), de las cadenas de supermercados (Aces, Anged y Asedas), las empresas de gran consumo (Aecoc) y de la patronal Marcas de Restauración. En un comunicado, el sector ha señalado este jueves nada más conocer el fallo que la normativa -vigente desde hace más de año y medio- ha generado “pérdida de competitividad e inseguridad jurídica a las compañías que operan en Cataluña”.

Ha apuntado, asimismo, que esta tasa es “una medida injustificada, puramente recaudatoria y que afectaba negativamente a toda la cadena y a los propios consumidores”

Etiquetado con:
Publicado en: Empresas
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...