EL CALENTAMIENTO GLOBAL, A DEBATE

La cadena alimentaria se compromete contra el cambio climático

¿Cómo será la futura ley de cambio climático? Representantes del sector agroalimentario coinciden en que debe tener un presupuesto suficiente, promocionar las energías renovables, la agricultura ecológica, la ganadería extensiva y las políticas forestales y de gestión sostenible de los bosques. Se inicia la “cuenta atrás”.

Una de las mesas sobre cambio climático, ayer en Madrid. Foto: MapamaUna de las mesas sobre cambio climático, ayer en Madrid. Foto: Mapama

El sector agroalimentario defiende la participación de los agentes implicados y de la sociedad civil, y la búsqueda de consensos de cara a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una norma que debería incluir iniciativas “ambiciosas” y “realistas”.

Así lo detallaron ayer diferentes expertos durante la sesión de trabajo sobre el sector agrícola, ganadero, forestal y alimentario, que tuvo lugar en el contexto de las Jornadas de debate “España, Juntos por el Clima”.

Dicho encuentro, que acoge la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente entre ayer y hoy, tiene entre sus objetivos establecer las bases para la elaboración del citado anteproyecto de Ley.

El Gobierno impulsa el debate sobre el modelo de lucha contra el cambio climático. Foto: Cedida por el Mapama

El Gobierno impulsa el debate sobre el modelo de lucha contra el cambio climático. Foto: Cedida por el Mapama

Los representantes del sector agroalimentario coinciden en apuntar que la normativa debe tener un presupuesto suficiente para sus objetivos y promocionar las energías renovables, la agricultura ecológica, la ganadería extensiva y las políticas forestales y de gestión sostenible de los bosques, sin olvidar la necesaria armonización de legislaciones, con ámbitos competenciales definidos.

Asimismo, defienden que tenga una visión amplia, desde la oferta a la demanda, es decir, con implicación de toda la cadena, incluyendo la lucha contra el desperdicio, y que esté bien conectada con la Política Agraria Común (PAC) y las diferentes normativas.

Asedas

Desde la patronal de supermercados Asedas, Felipe Medina pide que la ley recoja objetivos “sensatos” y “realizables” de mitigación y reducción de emisiones, consensuados y con una visión de la cadena agroalimentaria en conjunto.

Para Medina, debería incorporar el concepto de “flexibilidad” -ya que existe una multitud de agentes, empresas y explotaciones agrarias con realidades distintas- para que puedan cumplir los objetivos sin afectar a la competitividad. A su juicio, ha de “incentivar” su cumplimiento y no tener un espíritu “sancionador”, y contribuir a unificar la dispersa normativa actual, que cambia entre las distintas autonomías o incluso entre corporaciones locales.

Asaja

El presidente de Asaja, Pedro Barato, recuerda que la PAC ha impuesto medidas a los agricultores y ganaderos, como el pago verde o “greening”, que “estamos cumpliendo desde hace mucho tiempo; nos debemos acostumbrar y estamos dispuestos a recibir nuevas normas”.

Barato destaca que el sector “acata y cumple” con las decisiones de la comunidad científica porque ésta “no nos ha defraudado hasta ahora” y ha contribuido a la mejora competitiva. “Estamos dispuestos a seguir mejorando nuestro ritmo de trabajo y en muchas zonas de España los cultivos ya se hacen con siembra directa”, que reducen las emisiones, ejemplifica.

Patronal forestal

Desde la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), Ignacio Macicior hace hincapié en que hay una superficie significativa de masas viejas sobre las que no se realiza ninguna gestión, que son las que sufrirán en mayor medida los efectos del cambio climático.

Macicior aboga, así, por fomentar la gestión forestal sostenible en todas las superficies y aumentar su extensión y calidad, e impulsar el aprovechamiento de la biomasa forestal, agrícola y de subproductos.

WWF España

Para la responsable de Agricultura y Desarrollo Rural de WWF Espana, Celsa Peiteado, la norma debería implicarse en la lucha contra el desperdicio, en el cumplimiento de las directivas marco de agua y sobre nitratos y la eliminación de normas “perversas” como las que penalizan el uso de energías renovables en la agricultura o la transformación de nuevos regadíos donde no hay garantías de agua.

Peiteado insiste también en reformar el sistema fiscal para “quien contamine pague, y quien conserve reciba”, recuperar la ley de desarrollo sostenible del medio rural y garantizar presupuestos suficientes para desarrollar las diferentes herramientas.

UPA y COAG

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) demanda que la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética reconozca el carácter estratégico del modelo social y profesional agrario.

COAG considera imprescindible la elaboración de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que regule las circunstancias concretas de los sectores afectados, para hacer frente al problema del cambio climático a nivel global. Para ello, “las aportaciones de las organizaciones profesionales deben ser un referente que identifique claramente las circunstancias que afectan a cada uno de los sectores”.

Mientras tanto, desde Alianza por el Clima consideran que las jornadas de debate convocadas por el Ministerio “son insuficientes en cuanto a la temática, escasas en cuanto al tiempo disponible para el debate y desequilibradas en cuanto a la composición de los participantes”.

Entre otros aspectos, incide en que la estructura planteada “no deja cabida para los aspectos socioeconómicos transversales y transición justa, la arquitectura institucional y la planificación de las acciones, los instrumentos de participación ciudadana o la justicia climática internacional”.

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