Establece la creación de un registro

Agricultura abre a consulta pública el proyecto de decreto sobre contratos agroalimentarios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado este miércoles el inicio del procedimiento de consulta pública del proyecto de real decreto que regulará la creación del registro de contratos alimentarios, con el fin de que esté operativo el 1 de enero de 2023.

Empleados de Lácteos de Moeche trabajan en la fábrica de la localidad. Efeagro/ Kiko DelgadoEmpleados de Lácteos de Moeche trabajan en la fábrica de la localidad. Efeagro/ Kiko Delgado


El procedimiento se ha iniciado en la web del Ministerio y afecta a una normativa prevista dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria, según ha explicado Planas, durante su participación por videoconferencia en el consejo asesor de la  Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), reunido hoy.

Planas ha detallado las iniciativas que se pondrán en marcha para reforzar la aplicación efectiva de dicha ley, cuyo fin es mejorar las relaciones entre los eslabones de la cadena de producción de alimentos (productores, industria y distribución).

 

Registro obligatorio

 

La nueva regulación establecerá que el operador que compre a los productores o a sus asociaciones deberá registrar cada contrato y sus posibles modificaciones, con lo que se consigue dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales y de seguridad para los productores primarios, según ha subrayado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en un comunicado.

La AICA -entidad dependiente del MAPA- ha celebrado su primer consejo tras la entrada en vigor de la modificación de la ley de la cadena que, según ha expresado el ministro, «supone un instrumento de gran valor para lograr unas retribuciones más justas para los agricultores y ganaderos».

Planas ha valorado las novedades que introduce la nueva norma, como que el precio que deba percibir el productor primario tenga que ser superior al total de los costes de producción o la obligación de formalizar los contratos por escrito (salvo algunas excepciones tasadas en la propia norma).

Aceite en una almazara jienense. Efeagro/ José Manuel Pedrosa

Además, la ley de la cadena protegerá a los productores españoles en sus relaciones comerciales con operadores nacionales, comunitarios y de países de fuera de la Unión Europea (UE).

De igual forma, aumenta el catálogo de prácticas comerciales desleales e incluye nuevas infracciones, endureciendo alguna de las ya previstas.

También refuerza el papel de la AICA como la autoridad de control nacional, que se coordinará con las autoridades de control autonómicas y con las del resto de Estados miembros, y es el punto de contacto con la Comisión Europea (CE)

A ese respecto, el ministro también se ha referido al inicio de otra consulta pública, la de los proyectos de reales decretos que modifican el estatuto de la AICA y los controles que aplicará.

Planas ha apuntado, asimismo, que el Observatorio de la Cadena Alimentaria ampliará sus funciones, como la elaboración y publicación de índices de precios y de costes de producción.

El Ministerio publicará antes de diciembre de 2022 los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los bienes agrarios.

Por otra parte, el ministro ha asegurado que va a proponer un cambio en la ley de interprofesionales para, por ejemplo, que estos órganos de vertebración sectorial puedan desempeñar un papel más activo en el funcionamiento de la cadena.

También se ha referido a la modificación del real decreto de contratos lácteos, para que en los contratos a precio fijo de larga duración se puedan cambiar las condiciones contractuales cuando, durante el período de contratación, se incrementen los costes de producción

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