Así consta en un protocolo que han suscrito todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y País Vasco, según informó la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. No obstante, confía en que primará la solidaridad por encima de todo y que ninguna mujer quedará desatendida.

El protocolo, que establece un marco común de actuación, indica que la comunidad de origen de la víctima -o si así lo acuerdan ambas,  también la de acogida- asumirá los costes de desplazamiento y cuando llegue la mujer con sus hijos al nuevo centro éstos serán escolarizados de forma inmediata. La comunidad de origen de la víctima también asumirá el gasto que ocasionen los viajes de regreso y el alojamiento por obligación del proceso judicial o por causa debidamente justificada.

La mujer será derivada a una casa de acogida situada en otra comunidad cuando haya una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal que así lo indique. En casos urgentes porque esté en juego su vida, bastará un informe del Centro de la Mujer, de Servicios Sociales u organismos de igualdad o equivalentes.

Sanidad también presentó a las comunidades las «Pautas comunes para la intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo». El objetivo de estas pautas es lograr una intervención personalizada y multidisciplinar con las víctimas y sus hijos y lograr su recuperación a partir de la asistencia psicosocial, laboral, educativa y sanitaria. A las víctimas se las asignará un profesional de servicios sociales para llevar su caso y el posterior seguimiento a través de un plan individualizado.

Por otra parte, el Ministerio dotará a las comunidades con 4,3 millones de euros para desarrollar proyectos de atención integral para las maltratadas (3,1 millones) y para la atención a los menores expuestos a este tipo de violencia (1,2 millones). A esta cantidad hay que sumarle alrededor de un millón más proveniente del Espacio Económico Europeo, en concreto de Noruega.

Además, el Ministerio quiere elaborar un informe con el balance de los diez años de vigencia de la ley integral contra la violencia de género, que permita ver qué avances se han logrado y dónde puede haber fallos.