Unidad para conseguir que la UE apoye la lucha contra la despoblación rural

Vista de una calle en un municipio rural español. Foto: EFE/ Archivo. Antonio GarcíaVista de una calle en un municipio rural español. Foto: EFE/ Archivo. Antonio García

El Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones se han propuesto actuar conjuntamente para exigir a Bruselas su respaldo e implicación en la repoblación de las zonas rurales, de modo que estos municipios estén en primera línea cuando la UE reparta sus fondos.

Aragón, tal y como ha dicho su presidente, Javier Lambán, apoyará al Ejecutivo de Mariano Rajoy de “manera cerrada” si acude a Bruselas a defender repoblación y la la lucha contra la despoblación como “una política de Estado”. Lambán fue el encargado de inaugurar en Huesca el II Congreso sobre despoblación, que ha organizado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Diputación provincial. Al acto han acudido también la comisionada para la Estrategia Demográfica, Edelmira Barreira, y numerosos presidentes de diputaciones y alcaldes.

Tras la primera edición del año pasado en Cáceres, el de estos días en Huesca se ha marcado como objetivo plantear medidas concretas y aplicarlas de inmediato, porque la mitad de los 8.125 municipios españoles se encuentra en riesgo de extinción al no parar de perder habitantes.

El dato proviene de un informe que elaboró la Comisión de Despoblación de la FEMP hace unos meses y que ha servido de base del primer plan contra el éxodo rural de la propia Federación, compuesto por más de 80 medidas.

Algunas de esas propuestas han estado presentes en el congreso, especialmente la urgencia de un futuro mapa de zonas de prioridad demográfica, de modo que se redefinan qué son las “zonas escasa y muy escasamente pobladas”; la puesta en marcha de ventajas fiscales para que nuevos habitantes se instalen en los pueblos; y la búsqueda de financiación.

La importancia de la coordinación

En este último punto, la UE juega un papel fundamental. La comisionada del Gobierno ha apelado a la “buena sintonía” que está habiendo entre las administraciones estatal, autonómicas y locales para ir juntos a Europa a reclamar la importancia de la despoblación. Lambán, por su parte, ha garantizado su apoyo por cuanto se trata de conseguir que la despoblación sea un criterio preferente en los próximos repartos de los fondos europeos.

Y en este sentido, la eurodiputada Inés Ayala ha corroborado la relevancia que desempeña Europa en la reactivación del mundo rural, si bien ha reclamado “una manera inteligente” de canalizar las ayudas. Según ha advertido, es probable que la inyección de fondos estructurales mengüe en próximas entregas como consecuencia del “brexit”, ya que se irán de Europa más de 60 millones de personas y una cuantía considerable de millones de euros. El reparto de dichos fondos estará sometido a “muchas presiones”, ha dicho.

Esta constricción de los fondos habrá de llevar a una gestión “inteligente” de los mismos y, por tanto, a dar prioridad al criterio de despoblación de los territorios rurales.

Europa, en definitiva, estará detrás de que la repoblación pueda tener visos de éxito, y un ejemplo de ello se encuentra en la Política Agraria Común, la PAC, la cual, según han advertido los presidentes de las diputaciones provinciales de Huesca y de Zaragoza, piensa antes en las grandes rentas que en los pequeños agricultores, que son los que viven en los pueblos. Son cuestiones presentes en Aragón por cuanto es una de las comunidades que en mayor medida padece el vaciamiento de sus municipios; de ahí que el congreso se celebre en Huesca.

La situación en Aragón

En la comunidad aragonesa se cuentan 730 municipios, pero en sólo uno, en Zaragoza, viven la mitad de sus 1,3 millones de habitantes. Lambán, por ello, ha citado algunas medidas ya en marcha que al menos han evitado que las consecuencias sean más drásticas, como el aprovechamiento de la nieve en los Pirineos, la apuesta por la expansión de la agroindustria en Huesca o la ampliación de la banda ancha.

Combatir el éxodo rural es una tarea que no descansa, como demuestra una reciente directriz del Gobierno autonómico que aboga por la “discriminación fiscal positiva” en natalidad, empleo o compra de vivienda en pueblos. Barreira no ha aportado medidas concretas, ya que el grupo de trabajo de nueve ministerios, las comunidades y la FEMP sigue estudiando por dónde y cómo atajar la despoblación.

Pero sí ha recalcado que el reto demográfico pasa también por afrontar el envejecimiento, que no parará de crecer, y la baja tasa de natalidad.

Para ilustrar sus declaraciones ha recordado los datos  del INE: por segundo año consecutivo, en España se registran más defunciones que nacimientos.

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