Las denuncias comenzaron a multiplicarse y causan tensión en el sector agropecuario, el principal motor económico del país austral, en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus, la recesión y el rechazo a la intervención gubernamental en una agroexportadora de capitales privados, que dificultó el vínculo históricamente complejo entre el campo y el peronismo.

Se denunciaron al menos 61 roturas de silobolsas, unos contenedores plásticos de decenas de metros de largo que son un recurso práctico y barato para acopiar las cosechas hasta su venta, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, la principal región agropecuaria del país austral, según los datos que manejan las entidades rurales.
Los plásticos se cortan fácilmente y al derramarse su contenido muchas veces queda inutilizable tras quedar a la intemperie, generando costosas pérdidas a los productores, pero estos no son los únicos ataques que sufrieron en los últimos tiempos.

MAPA DEL DELITO RURAL

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que nuclea a 16 federaciones agropecuarias de todo el país, difundió este miércoles un "Mapa del delito" en el que reflejó "el asesinato de dos productores, rotura de silobolsa, incendios intencionales, robo de maquinaria, de cosecha, de agroquímicos, abigeato y la usurpación de campos".
El 80 % de los casos de vandalismo se produjo en los últimos tres meses, precisó a Efe el presidente de CRA, Jorge Chemes.

El vicepresidente de esta entidad, Gabriel de Raedemaecker, sufrió semanas atrás un incendio en el lote donde tenía sembrado trigo y "según el peritaje del Cuerpo de Bomberos fue claramente intencional porque el fuego comenzó a 30 metros del camino, alguien ingresó al campo y prendió fuego adentro", subrayó Chemes.El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la principal patronal del sector agropecuario, Daniel Pelegrina, también señaló a Efe que observó "un incremento extraño" de rotura de silobolsas.

PREOCUPACIÓN EN EL GOBIERNO

El ataque a la propiedad privada fue repudiada en un comunicado firmado por casi cuarenta entidades relacionadas con la actividad agropecuaria y el Gobierno reconoció su preocupación.
"Estamos preocupados y ocupados por los hechos de vandalismo que están sucediendo en el campo argentino; no queremos que esto termine destruyendo el esfuerzo de nuestros productores, coartando el acceso al alimento para nuestra población y que impida el ingreso de divisas a nuestra economía", sostuvo este martes el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que afirmó que se lanzó "una tarea organizada en contra del delito".

Dirigentes de entidades agropecuarias se reunieron la última semana con Basterra y la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y los ministros de Agricultura de las provincias afectadas, aunque sin resultados concretos, según señaló Chemes.
"Agradecemos muchísimo la preocupación pero necesitamos hechos concretos que se transformen en actos de seguridad", urgió el dirigente de CRA.

El dirigente de la SRA consideró que aún no se registró "una reacción acorde desde los distintos niveles del Gobierno, que no emite una señal clara de repudio ni después las acciones concretas que tienen que venir de aumentar la seguridad rural".

CLIMA DE TENSIÓN

Los hechos de vandalismo enrarecieron el clima entre el sector agropecuario y el Ejecutivo peronista, más luego de que el presidente lanzó su proyecto para intervenir y expropiar Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, y con el antecedente del intenso enfrentamiento que vivió el campo en 2008 con el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), hoy vicepresidenta, por el alza de los aranceles de exportación de los productos agrícolas.

Aquel conflicto fue la primera crisis, y una de las más profundas, que vivió Fernández de Kirchner en el poder y marcó desde entonces su relación con el sector agropecuario.
"En un momento en que el gobierno lanza medidas que no son favorables para el campo, donde se empieza a tensar la relación Gobierno-sector agropecuario por un incremento de impuestos, donde hay un sector de la militancia que nos cataloga a los productores como especuladores diciendo que somos la lacra del país, y evidentemente esto está acompañado por rotura de bolsas, todo este razonamiento lleva a que pensemos que esto tiene un tinte ideológico", expresó Chemes.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina apuntó en tanto que el caso Vicentin "es una señal muy mala para todo el empresariado que de alguna manera necesita seguridad jurídica para desembarcar con sus inversiones" y sienta "un mal precedente", que se suma a la falta de medidas de incentivo a la producción agropecuaria.