Campesinos mexicanos pidieron al Gobierno mexicano la creación de una política emergente de crédito rural ante los potenciales impactos que tendrá la emergencia sanitaria de la COVID-19 en las regiones productoras de granos y otros alimentos.
Indicaron que al ser un sector estratégico se deben tomar las “medidas preventivas necesarias para garantizar el abasto alimentario” y la atención de las necesidades de la población, además de evitar la especulación de precios en productos y servicios.

En un comunicado, el Movimiento Campesino, Indígena y Afromexicano “Plan de Ayala Siglo XXI”, integrado por organizaciones nacionales, estatales, regionales, locales, de agrónomos y maestros rurales de los 32 estados del país, consideró que para lograr el aprovechamiento de las capacidades productivas agropecuarias, forestales y pesqueras “es necesario la creación de una Instancia Financiera Nacional”.
Señalaron que esta institución, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y con la participación de las y los productores, puede impulsar y desarrollar la producción primaria, la agroindustria y el comercio de sus productos y subproductos.

Por ello, el movimiento propuso al Gobierno mexicano “la creación de una estrategia emergente de crédito rural que impulse las capacidades productivas del sector social de la economía”.
Uno de los objetivos será consolidar la banca social para el sector rural, esto mediante la creación del Banco Nacional Agropecuario.
Está institución, apuntaron, cumplirá las actividades que realizan la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el Fondo de Capitalización e inversión del Sector Rural (FOCIR) y AGROASEMEX, institución de seguros que tiene como objetivo proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural.

El objetivo es impulsar la dispersión de crédito mediante cajas de ahorro o dispersores, ya que existe un potencial de hasta 17 millones de pesos (unos 710.000 dólares) disponibles, que resuelven el acceso a la inclusión financiera de las 5,3 millones de unidades económicas rurales.
Apuntaron que en este programa se debe incluir a comunidades y ejidos, asociaciones rurales y a todos los productores como sujetos de créditos, con una tasa de interés menor al 7 % anual.

Para ello, el Banco de México, en coordinación con las diversas instituciones de gobierno, “deberán instrumentar un mecanismo que garantice dicha tasa de interés preferencial de un dígito”.
Según un reporte del mes de febrero de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México está entre los países de la región que menos crédito destinan al sector agrícola.

El informe señaló que mientras en la región se destina en promedio de en torno a 6 % a la producción agrícola, en México representa sólo el 1,9 %, siendo uno de los tres más bajos en América Latina solo por delenta de Brasil y Trinidad y Tobago.