PESCA COSTA RICA

La pesca de arrastre pone en una encrucijada al presidente en Costa Rica

Protesta ambientalista contra aspectos como la pesca de arrastre. Efeagro/Jeffrey ArguedasProtesta ambientalista contra aspectos como la pesca de arrastre. Efeagro/Jeffrey Arguedas

La aprobación en el Congreso de Costa Rica la semana pasada de una polémica ley que rehabilita la pesca con redes de arrastre pone en una encrucijada al presidente Carlos Alvarado, entre la oportunidad de generar empleos en tiempos de crisis o vetar la ley por sus impactos ambientales, como se lo exigen diversos sectores.

Organizaciones y hasta influyentes medios de comunicación del país han expresado su oposición a la pesca de arrastre y le han recordado al presidente Alvarado que durante la campaña política manifestó que nunca estaría de acuerdo con esa actividad.

En redes sociales se ha popularizado una publicación de Alvarado cuando era candidato en la que expresó su oposición a este tipo de pesca, pero ahora su ministro de Comunicación, Agustín Castro, ha dicho que el asunto está en análisis para tomar una decisión.

¿QUÉ ES LA PESCA DE ARRASTRE?

La pesca de arrastre, utilizada principalmente para la captura de camarón, es una práctica rechazada por los sectores ambientalistas y pescadores artesanales debido a su impacto en el suelo marino y porque captura otras especies.
La organización ambientalista MarViva la define como “el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino” que “captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados”.

“Esta red tiene portalones sujetos a la boca de la misma, los cuales al ser jalados abren el arte y permiten la captura de organismos marinos. En la parte inferior de la red van sujetas cadenas y pesos que actúan como un lastre que barre el fondo marino y mantienen la red pegada a este”, explicó MarViva.
Esta pesca estuvo prohibida en Costa Rica desde el 2013 debido a un fallo de la Sala Constitucional que consideró que atenta contra el ambiente.

Sin embargo, otro fallo reciente de la Sala no encontró vicios de inconstitucionalidad en la ley que rehabilita esta actividad, pues un estudio del estatal Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, cuestionados por las organizaciones ambientalistas, indica que la utilización de mecanismos para reducir la pesca incidental son efectivos.

RECHAZO DENTRO DEL MISMO GOBIERNO

La fracción legislativa del oficialista Partido Acción Ciudadana y diputados de otros partidos votaron en contra de la “Ley aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica”, pero no fue suficiente y finalmente fue aprobada el pasado 22 de octubre con 28 votos a favor y 18 en contra.
Al día siguiente, la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, lamentó “la ausencia de un sustento científico robusto para autorizar una actividad que pondrá en riesgo la biodiversidad marina y limita la oportunidad de una recuperación económica sostenible a los pescadores artesanales”.

Imagen de un arrastrero. Efeagro

Según este Ministerio, la pesca de arrastre “no abrirá el camino al desarrollo económico de las costas y por el contrario genera mayor presión en ecosistemas y recursos ya sobreexplotados, o en especies en peligro de extinción”.
Más de 100 organizaciones ambientalistas publicaron una carta abierta en los medios en la que exigen al presidente vetar la ley, mientras que un grupo de ocho diputados envió una carta al mandatario solicitando lo mismo.
Una vez que la ley llegue a manos del presidente Alvarado, él tendrá 10 días para decidir si la veta. El Congreso aún no ha remitido el texto al mandatario.

La iniciativa establece que las redes de arrastre deben contar con dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento.
Además, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por las autoridades.

EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS

Según los que apoyan la iniciativa, el objetivo es dar solución a los problemas sociales, económicos y ambientales en las zonas costeras, que son de las más pobres del país, y cuya situación se ha agravado con la pandemia de la covid-19.

La diputada del bloque Nueva República (evangélico), Carman Chan, una de las principales defensoras de esta ley, aseguró que este tipo de pesca “se debe regular y nunca prohibir” y que una pesca de camarón “responsable, sostenible y eficiente” es posible.
Según Chan, solo en la provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico, hay 132.000 personas desempleadas, y la pesca es una oportunidad para reducir esa cifra.
Durante la pandemia de la covid-19 el desempleo en Costa Rica se duplicó y se ubica en alrededor del 24 %.

ACTIVISTAS EN PROTESTA

Dos mujeres activistas están en huelga de hambre y encadenadas a las rejas que rodean la Casa Presidencial de Costa Rica como una forma de exigir al presidente del país, Carlos Alvarado, que vete una ley que rehabilita la pesca de arrastre y que fue aprobada por el Congreso la semana pasada.
Las dos activistas, que se identificaron solo como Ana María y Melissa, dijeron a Efeagro que se encadenaron desde el pasado viernes y que desde entonces están en una huelga de hambre hasta que el presidente vete la ley y “cumpla con su compromiso de campaña” de no apoyar esa actividad pesquera.

“La pesca de arrastre es totalmente insostenible desde el punto de vista ambiental y llega a instaurar un modelo extractivista en el país. Se supone que tenemos un modelo de desarrollo sostenible y la pesca de arrastre iría en contra de esto. Además generaría una gran afectación a las poblaciones costeras y los pescadores artesanales”, dijo Ana María a Efeagro.
Las dos mujeres reciben asistencia de otros manifestantes que han instalado tiendas de acampar y toldos para refugiarse de la lluvia y el sol.

El pasado 22 de octubre el Congreso aprobó la “Ley aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica” con 28 votos a favor y 18 en contra, en la segunda y definitiva votación.
Esta pesca estuvo prohibida en Costa Rica desde el 2013 debido a un fallo de la Sala Constitucional que consideró que atenta contra el ambiente.
Sin embargo, otro fallo reciente de la Sala Constitucional no encontró vicios de inconstitucionalidad en la ley que rehabilita esta actividad, pues un estudio del estatal Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, cuestionado por las organizaciones ambientalistas, indica que la utilización de mecanismos para reducir la pesca incidental son efectivos.

Más de 100 organizaciones han pedido al presidente que veta la ley, entre estas la Fundación MarViva, que define la pesca de arrastre como “el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino” que “captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados”.
“Esta red tiene portalones sujetos a la boca de la misma, los cuales al ser jalados abren el arte y permiten la captura de organismos marinos. En la parte inferior de la red van sujetas cadenas y pesos que actúan como un lastre que barre el fondo marino y mantienen la red pegada a este”, explicó MarViva.

También un grupo de 8 diputados envió una carta a Alvarado para pedirle el veto.
La Ley aún no ha sido remitida por el Congreso al presidente. Una vez que el mandatario tenga el texto en sus manos tiene 10 días para definir si la veta o no.
Los diputados que impulsaron esta ley afirman que es una forma de abrir puestos de empleo en las zonas costeras, que son las más pobres del país, y consideran que los estudios técnicos y científicos llevados a cabo establecen que con la regulación y el uso de dispositivos especiales, se reduce significativamente la pesca de otras especies.
Las organizaciones ambientalistas y hasta el mismo Ministerio de Ambiente han afirmado que los estudios llevados a cabo no son robustos.

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