Las Cortes de Castilla y León han aprobado hoy la Ley Agraria de la comunidad autónoma, con el objetivo de rejuvenecer el sector y facilitar la incorporación de la mujer al campo y a la ganadería.
La Ley fue aprobada por 80 votos a favor, los del grupos popular y socialista, además del parlamentario de la UPL, y la abstención del procurador de IU.
El texto legal fue defendido por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, que ha advertido que no existe una normativa estatal equivalente y que solo dos comunidades autónomas, la de Cataluña y País Vasco disponen de una ley agraria.
Con la presencia en la tribuna de invitados de representantes de las organizaciones profesionales agrarias, Silvia Clemente ha asegurado ante el pleno que la Ley está llamada a convertirse en “un pilar fundamental” de la política agraria regional, debido a que va a dotar al sector de “un marco normativo estable, moderno, completo y pensado, desde el primer momento, para facilitar el ejercicio de la actividad agraria”.
Rejuvenecer el campo
Silvia Clemente ha indicado que la nueva Ley responde a la necesidad de rejuvenecer la agricultura y la ganadería, sectores con debilidades como la de ofrecer dificultades para incorporar a los jóvenes y que, según la consejera, es preciso corregir si no se quiere “poner en peligro su pervivencia”.
Una de las novedades de la nueva Ley y vinculada al rejuvenecimiento del sector y al acceso profesional de la mujer es la creación del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León, bajo la forma de un registro administrativo público y como una plataforma de conocimiento entre los propietarios de parcelas y de personas que pretendan ejercer la actividad agraria.
La nueva Ley incorpora para regular la cadena de valor alimentaria figuras de otros sectores como el arbitraje y la mediación y crea el Defensor de la Cadena Alimentaria, entre cuyas funciones está la de control y denuncia de posibles prácticas abusivas.
Crear interprofesionales agroalimentarias
También posibilita la creación de organizaciones interprofesionales agroalimentarias de ámbito regional lo que, a juicio de la consejera, contribuye a mejorar la capacidad negociadora del productor.
Las organizaciones profesionales agrarias también tienen cabida en la Ley Agraria de Castilla y León y se valora su contribución al sector con el reconocimiento de entidades colaboradoras.
El parlamentario del PSOE Juan Luis Cepa ha pedido que el diálogo que se ha producido en la elaboración de la Ley se lleve también al terreno del desarrollo reglamentario, sobre cuyas posibilidades duda un informe emitido por el Consejo Económico y Social (CES).
El PSOE, que ha mantenido 45 enmiendas parciales hasta el debate de hoy, a través de Juan Luis Cepa, ha pedido que la Ley “no se quede en buenas voluntades” y ha lamentado “una falta de dotación económica”.
