Human Rights Watch (HRW) ha pedido al Gobierno de España que incluya el abuso económico en la definición de violencia de género, al entender que cuando una pareja o expareja ejerce el control en la toma de decisiones y el uso de los recursos económicos crea una situación de impotencia y dependencia a la mujer.
Además de la citada modificación en las leyes sobre violencia doméstica, HRW insta al Ejecutivo español a elaborar recomendaciones específicas para los bancos y los servicios de mediación para resolver situaciones en las que las mujeres corren peligro económico dentro del concepto de la violencia doméstica.
Esta son algunas de las sugerencias que esta organización hace al Ejecutivo de Mariano Rajoy en su informe “Sueños rotos. El impacto de la crisis de la vivienda española en los grupos más vulne”rables“, donde analiza el impacto que la crisis hipotecaria tiene en los grupos más vulnerables como inmigrantes, mujeres cabeza de familia, víctimas de violencia machista y niños.
HRW considera que las mujeres ligadas por su hipoteca a antiguas parejas maltratadoras u hostiles se enfrentan a desafíos particulares
Según Human Rights Watch, las mujeres ligadas por su hipoteca a antiguas parejas maltratadoras u hostiles “se enfrentan a desafíos particulares”.
Negociar con el banco
Así, señala que mientras que las medidas gubernamentales protegen temporalmente contra el desahucio a las supervivientes de la violencia machista, no existen disposiciones para resolver los problemas que tienen al negociar con el banco la reestructuración, alivio o cancelación de la deuda cuando su ex pareja o marido, cotitular de la hipoteca, se niega a cooperar.
En algunos casos, esta falta de cooperación puede traducirse en violencia económica.
HRW también insta al Gobierno a “alentar a los bancos” a permitir a las familias, sobre todo las que tienen hijos o miembros con necesidades especiales, y las monoparentales encabezadas por mujeres, a permanecer en sus casas cuando se produce el embargo por el banco pagando un alquiler proporcional a su renta durante un tiempo razonable.
Hipotecas
En España si una hipoteca está a nombre de las dos partes de una pareja, ambos tienen que estar de acuerdo sobre una reestructuración de la deuda o sobre la dación en pago.
La deuda que queda tras la dación es individual, por lo que sólo en estos casos las mujeres pueden negociar independientemente la quita con el banco.
En el mejor de los casos, puede aliviar o cancelar la deuda, pero la preocupación inmediata para las mujeres a quienes HRW ha entrevistado para elaborar el informe, es garantizar una vivienda apropiada y segura para ellas y sus hijos.
HRW recuerda que el Gobierno incluyó a las víctimas de la violencia doméstica como beneficiarias de los reales decretos-leyes sobre la reestructuración de la deuda y sobre la suspensión de los desahucios, unas medidas a las que se han acogido numerosas mujeres pero que no han evitado que otras muchas sufran “maltrato económico“.
El Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa -conocido como Convenio de Estambul, ciudad donde se firmó- define la violencia doméstica como “todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales”.
Se entiende que la violencia económica implica el control en la toma de decisiones, el uso de los recursos económicos y el acceso a ellos, creando una situación de impotencia y de dependencia.
El apoyo a las víctimas de la violencia doméstica debería incluir servicios de búsqueda de empleo para que puedan alcanzar independencia económica y seguridad financiera, apunta HRW.
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido también que la violencia doméstica incluye el maltrato económico y, por ello, las obligaciones de los Gobiernos en el marco del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH) para impedir y responder a la violencia doméstica deberían incluir medidas contra dicho maltrato, apunta HRW.
Pese a que España ratificó el Convenio de Estambul en 2014, sus leyes no incluyen la violencia económica, por lo que toda acción legal posible para resolver los litigios económicos se gestiona en los tribunales ordinarios y no en los especializados en violencia machista, a no ser que estén asociados a una denuncia formal de violencia doméstica.
Crisis en España
En su informe, esta organización recuerda que la actual crisis hipotecaria y social española en torno a los desahucios y la deuda se produce en el contexto de décadas de políticas gubernamentales que promocionaban la propiedad de la vivienda en detrimento de otras formas de vivienda accesible.
Por ello, Human Rights Watch hace un llamamiento al Gobierno de España para que adopte medidas que ayuden a un mayor número de personas y familias a evitar el desahucio y acceder a una vivienda asequible, y garantice el acceso a la reestructuración, al alivio y a la cancelación justa de la deuda.
