COSTA RICA

El Congreso de Costa Rica aprueba un polémico proyecto de ley de pesca de arrastre

Protesta ambientalista contra aspectos como la pesca de arrastre. Efeagro/Jeffrey ArguedasProtesta ambientalista contra aspectos como la pesca de arrastre. Efeagro/Jeffrey Arguedas

El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves un polémico proyecto de ley que reactiva la pesca de arrastre, una práctica criticada por ambientalistas porque afirman que destruye el fondo marino, daña el hábitat de numerosas especies y tiene elevada pesca acidental.

Los diputados, con 28 votos a favor y 18 en contra, aprobaron en segundo y final debate el proyecto tras na amplia discusión sobre los beneficios que traerá para un grupo de pescadores y los perjuicios que podría ocasionar a otros.
El «Proyecto de Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón» ahora deberá ser trasladado al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien deberá decidir si vetará la iniciativa o si la firma para convertirla en ley.

La iniciativa establece que licencias para «el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales» únicamente se otorguen a las embarcaciones y personas costarricenses.
El proyecto también indica que las redes de arrastre deben contar con dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento.
Las regulaciones específicas serán establecidas por el estatal Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
Además, se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área delimitada por las autoridades.

Imagen de unaArrastrero. Efeagro

Según los que apoyan la iniciativa, el objetivo es dar solución al problema social, económico y ambiental generado en las zonas costeras, que son de las más pobres del país.
«No podemos en estos momentos negar los efectos de la pobreza, del hambre, del desempleo, y claro hay que cuidar el ambiente, pero hay prioridades», afirmó la diputada independiente Zoila Volio, quien inicialmente se oponía a la iniciativa y luego cambió de opinión al considerar que la crisis sanitaria ha afectado duramente a las zonas costeras.

OPOSICIÓN AL PROYECTO

Mientras, los que rechazan el proyecto indican que estudios de universidades demuestran que desde 2013, cuando se prohibió la pesca de arrastre, se ha recuperado la pesca en lugares de Guanacaste (Pacífico norte).
«No hay margen de equivocación porque son mucho más los empleos de pescadores artesanales que se han visto beneficiados por la tímida pero sostenida recuperación de la pesca gracias a que se prohibió la pesca de arrastre», dijo el diputado del partido izquierdista Frente Amplio, José María Villalta.

Por su parte, las organizaciones ambientalistas lamentaron la decisión del Congreso.
«Este proyecto no resolverá la crisis socioeconómica de nuestras comunidades costeras y más bien contribuye al deterioro de los sectores pesqueros y turísticos que dependen de la sostenibilidad de los recursos marinos», declaró el director general de Fundación MarViva, Jorge Jiménez.
Además, MarViva criticó que Incopesca «no tiene certeza ni de la realización de esos estudios, ni del financiamiento necesario para ejecutarlo», por lo que considera que «se está aprobando una ley que va a seguir postergando la generación de empleo digno y calificado en las zonas costeras».

La Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, ambos de la Universidad de Costa Rica, indicaron en un pronunciamiento que «la pesca de arrastre no es selectiva» e «impacta otras alternativas de desarrollo» como la pesca artesanal, la pesca deportiva y el ecoturismo.
La estimación de los ambientalistas es que en Costa Rica por cada kilogramo de camarón capturado se sacrifican 7,5 kilos de fauna de acompañamiento.

En 2013 la Sala Constitucional prohibió este tipo de pesca de camarón debido a los graves daños que causa al rastrillar el suelo marino y a la elevada cantidad de otras especies que atrapa, como es el caso de tortugas marinas en peligro de extinción.
La Sala Constitucional ordenó que para reactivar esta pesca se requieren estudios científicos y herramientas que garanticen la sostenibilidad ambiental de la actividad.

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