AGRICULTURA PERÚ

Los agricultores exigen el fin del régimen “de explotación” en el sur de Perú

Un grupo de mujeres campesinas o 'mamachas' de la comunidad de Molloco en la región surandina de Puno (Perú). Efeagro/ Ernesto AriasUn grupo de mujeres campesinas o "mamachas" de la comunidad de Molloco en la región surandina de Puno (Perú). Efeagro/ Ernesto Arias

Cientos de agricultores de la región sureña peruana de Ica exigen mejores condiciones laborales y el fin de un régimen de trabajo para el sector agrario exportador que consideran “de explotación” por las condiciones especiales que permite.

“Me levanto a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 5. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles (10,2 dólares) sin comida y sin agua. Eso no es justo”, denunció este miércoles la trabajadora Geraldine Martínez desde el distrito de Paracas a la emisora RPP Noticias.

La protesta campesina ha sorprendido al país por los duros relatos de los agricultores afectados, peones que trabajan en la recolección de preciados productos en el mercado global como arándanos, espárragos o alcachofas y por los altercados que han llevado al bloqueo de la carretera Panamericana Sur, la principal del país.
También ha suscitado críticas de sectores empresariales, que han comparado las protestas con la violencia del terrorismo de las últimas décadas del siglo pasado, como dijo l gerente general de la empresa SAFCO Perú, Benjamín Cillóniz.

RÉGIMEN ESPECIAL
El Gobierno del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) extendió desde enero pasado en diez años el régimen laboral agrario, promulgado en el 2000, con mejoras sobre el mínimo de remuneración diaria e indemnizaciones, pero sin incluir en la norma los beneficios laborales que sí comprende el régimen laboral general.
La ley señala que en esta remuneración diaria de los peones de campo se incluyen las gratificaciones laborales y la compensación por tiempo de servicios, que no se entregan por separado como sí se hace dos veces al año a los demás trabajadores formales del país.

Expertos laboralistas también remarcan que este régimen no establece la estabilidad laboral de los trabajadores convocados para las campañas agrícolas anuales, que en su gran mayoría no reciben una indemnización por despido arbitrario, ya que el 90 % participa en actividades temporales.

MEJORAS LABORALES
Los trabajadores del sector agrario exportador de Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima, reclaman mejoras en el sueldo que perciben así como en otros derechos laborales ya que, según dijeron, el promedio del pago diario es de unos 40 soles (11,1 dólares) por una jornada de casi 10 horas.

Al respecto, Geraldine Martínez afirmó en RPP que ella trabaja cada día de 5 de la mañana a 3 de la tarde, sin recibir ningún otro beneficio laboral como aguinaldo o seguro social.
La agricultora aseguró que esta situación se repite en toda la región de Ica donde, según dijo, “todos los fundos y caporales son explotadores”, por lo que “nadie se siente cómodo”.

FALTA DE COMPRENSIÓN
Cilloniz aseguró, sin embargo, que la protesta que comenzó este lunes se ha originado por una “falta de comprensión en la ley agraria” y dijo que, en su caso, no ha recibido “ningún pedido de ningún gremio ni nada”.
“Han ingresado a la propiedad privada y han atacado a personal porque no se han solidarizado con ellos. O sea, si uno no marcha a romper cosas, a destruir, te atacan y eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo”, declaró en RPP Noticias.

En redes sociales, sectores de la derecha han difundido imágenes de autos y autobuses supuestamente incendiados en la protesta, si bien se pudo comprobar que esas imágenes eran de otros incidentes acaecidos en 2017 en otra zona del país.
Cillóniz aseguró que su empresa cumple con entregar la compensación por tiempo de servicios de sus trabajadores “directamente a la remuneración semanal” y que lo mismo hace “con las vacaciones y gratificaciones, porque se van pagando de manera adelantada”.

Una campesina o "mamacha" de la comunidad de Molloco en la región surandina de Puno (Perú), que observa los granos en un campo de cultivo de quinua. Foto: EFE / Ernesto Arias

Una campesina peruana. Efeagro/ Ernesto Arias

GOBERNADOR NIEGA VIOLENCIA
La supuesta actuación violenta de los trabajadores contra la propiedad privada fue negada este martes por el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, quien dijo que “están haciendo un paro pacífico”.
“No hay ningún tipo de vandalismo contra la propiedad privada, están quemando sí las llantas en la Panamericana en diferentes lugares que recorrí en la mañana”, sostuvo.

Gallegos confirmó que los trabajadores del sector agrario exportador también exigen la derogación de la ley especial porque ellos “nunca tuvieron una intervención” en su elaboración.
“Están reclamando ganar un poco más de este monto que se ha establecido, ese es su reclamo”, reiteró antes de añadir que también piden la desaparición de las empresas de servicios que los subcontratan por considerar que atentan contra sus derechos.

INTERVENCIÓN ESTATAL
El gobernador dijo que las empresas conocidas en Perú como “services” firman convenios con las empresas agroexportadoras y entregan a los trabajadores entre 20 y 15 soles (5,7 y 4,2 dólares), la mitad del sueldo diario, “lo cual no es justificable”.
“Por eso todos reclaman que desaparezcan estas services para que de alguna manera tengan beneficios”, remarcó.
Ante la situación, que involucra a unos 200.000 trabajadores agrícolas, según dijo el ex viceministro de Trabajo Christian Sánchez, la Presidencia del Consejo de Ministros envió este martes una comitiva a Ica para “establecer un espacio de diálogo y escuchar las demandas de los dirigentes agrarios, con la mediación de las autoridades locales”.

DIÁLOGO CON AUTORIDADES
Al respecto, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, declaró que este tema se afrontará “dialogando y planteando soluciones realistas” para encontrar “salidas a los problemas, pero eso no va a ser de la noche a la mañana”
“Esta es una llamada de atención de que también las instituciones públicas no estamos respondiendo” a los reclamos sociales, dijo.

El jefe de la Defensoría del Pueblo en Ica, José Luis Hernández, agregó en RPP que la comitiva del Ejecutivo ya está dialogando con un grupo de manifestantes, pero un sector de ellos “no se ha puesto de acuerdo” para elegir a sus representantes en ese encuentro.
En las manifestaciones, dijo, “no existen cabezas visibles” para mantener un diálogo y se plantean “diferentes tipos de demandas”, pero las protestas surgieron “por el propio cansancio de los mismos obreros, ante una situación que ellos señalan que año tras año vienen sufriendo”.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó en octubre que las agroexportaciones peruanas registraron en agosto último 664 millones de dólares, un 15,9 % más respecto al mismo mes de 2019, lo que hace prever que este año se superarán los 7.075 millones de dólares del año pasado, lo que representaría un récord histórico a pesar del impacto de la pandemia de la covid-19.

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