Así lo han precisado ayer durante su intervención en la ponencia del Congreso en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, que estudia modificar la actual Ley contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Según ha explicado a Efeagro el director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Eduardo Baamonde, se ha mostrado partidario en su intervención de una profunda modificación de la Ley contra la morosidad en las operaciones comerciales ya que, a su juicio "no ha conseguido sus objetivos".

Baamonde ha realizado cinco propuestas de modificación de la actual Ley ya que, en su opinión, sus asociados no "cuentan con garantías legales efectivas que les ampare en la exigencia de sus derechos, por lo que finalmente optan por la renuncia de los mismos, por temor a la represalia comercial de sus clientes".

Ha detallado que estas peticiones incluyen la desaparición de la excepcionalidad que permite ampliar la fecha de cobro de 60 a 90 días; que se cuente con un sistema eficaz de control y seguimiento de cumplimiento de la ley, y la sustitución del término "cláusula abusiva" por "comportamientos abusivos".

Ha solicitado, además, la necesidad de articular un procedimiento efectivo de defensa ante los tribunales y de una cláusula de reserva de dominio eficaz a favor del acreedor.

Por su parte, el director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), Javier Millán-Astray, ha afirmado que se confunden los términos morosidad con plazos de pago y que mientras que en el sector comercial la morosidad es casi inexistente, es el mayor problema de las pymes en otros sectores.

Millán-Astray ha recordado que la distribución es el único sector con plazos de pago regulados desde 1996, y que han sido modificados en los últimos años.

Ha indicado que los plazos de pago forman parte de un contrato negociado por ambas partes y que cuando hay aplazamiento se ve compensado por otras condiciones, por lo que, a su juicio, no parece razonable sólo discutir una de las cláusulas de ese contrato.

Ha subrayado que los tribunales europeos ya dictaminaron que la normativa española estaba acorde con la directiva europea sobre morosidad.

El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), Aurelio del Pino, ha defendido en su intervención que la distribución comercial es el único sector que está sujeto a un régimen legal restrictivo en materia de plazos de pago.

Este régimen, a su juicio, ha supuesto una discriminación para la distribución respecto de otros sectores, puesto que éstas empresas "tiene menos ámbito legal para trabajar".

Del Pino ha reclamado al Congreso que "tenga en cuenta que cualquier modificación en el régimen legal en plazos de pago es una modificación que debe analizarse con máximo cuidado ya que afecta al equilibrio financiero de las empresas".

Ha planteado que el sector de la distribución "es el que tiene los plazos de pago más cortos y el que cumple con la ley, y no tiene que ser el que salga perjudicado en este proceso", ya que "en otros ámbitos, como en la industria de alimentación y bebidas, no tienen ese límite legal"..