El Gobierno mantiene inalterado el IVA para los productos de alimentación. Disipa así los temores de los productores, supermercados o de la industria, quienes temían un nuevo golpe al consumo.
Según el proyecto de reforma fiscal, los tipos IVA permanecerán como hasta ahora a partir del 1 de enero de 2015, aunque habrá determinados productos sanitarios que cambiarán del gravamen reducido al general (del 10 al 21 %) .
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha manifestado durante la presentación del proyecto que no habrá cambios en los impuestos indirectos, "salvo en lo que exige la normativa europea", mientras que no se tocarán tampoco los gravámenes medioambientales hasta que no se reforme la tributación autonómica y local.
"La intención del Gobierno es no crear nuevos impuestos en tanto que no se apruebe la reforma autonómica y local", ha dicho Montoro.
Las organizaciones de la cadena agroalimentaria, el comercio, la distribución y la hostelería han valorado que el Gobierno haya "desechado en la reforma fiscal un incremento impositivo al igual que una reclasificación del IVA en los productos de alimentación".
Así lo han asegurado en un comunicado conjunto Cooperativas Agro-alimentarias, la industria y la distribución (FIAB, Promarca, Aecoc, Anged, ACES, Asedas y la Confederación Española de Comercio, CEC) y la hostelería (FEHR y Fehrcarem) quienes precisan que lo hacen "a la espera de conocer el texto definitivo".
Han agradecido que la Administración "haya escuchado sus demandas" durante los últimos meses, que ponían de manifiesto su rechazo hacia cualquier medida, dentro de la reforma fiscal, que implique una nueva subida del IVA, que sólo derivaría en unas consecuencias muy negativas sobre la confianza del consumidor y, por tanto, pondrían en riesgo la recuperación de la economía.
Según han apuntado, "estamos ahora ante una oportunidad para construir un sistema fiscal estable, seguro y atractivo para la inversión empresarial; un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para incrementar los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo".
A su juicio, "la nueva normativa deberá tener entre sus objetivos el análisis del equilibrio fiscal y la eficiencia en la gestión del gasto", además de "reorganizar el actual sistema de tributos, deducciones y tasas estatales, autonómicas y locales", todo ello en "un marco tributario que estimule el empleo, rebajando los costes y cotizaciones que pagan las empresas".