BEBIDAS AZUCARADAS

El sector agroalimentario pide a Rajoy recurrir la tasa catalana al azúcar ante el Constitucional

El sector agroalimentario se ha unido para pedir por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán sobre las bebidas con azúcar

Jóvenes beben refrescos en la calle. EFE/Sáshenka GutiérrezJóvenes beben refrescos en la calle. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Así lo han anunciado hoy una docena de asociaciones sectoriales representantes de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, que se han apoyado en un informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez para instar al Ejecutivo a actuar contra la decisión de la Generalitat de Cataluña sobre el azúcar.

Las entidades firmantes han coincidido en apuntar que este impuesto -aprobado oficialmente el pasado 30 de marzo pero que todavía no cuenta con un reglamento que lo desarrolle- rompe la unidad de mercado, vulnera el principio de territorialidad y obstaculiza la libre circulación de mercancías y servicios en territorio nacional, entre otros perjuicios.

El director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha reconocido que en el caso de que esta iniciativa no prospere, no descartan explorar otras vías legales.

El principal objetivo no es sólo evitar la “estigmatización” del azúcar y los refrescos, sino también impedir que este tipo de tasas se extiendan a otras Comunidades Autónomas -varias han especulado con esta posibilidad- o incluso a otros ingredientes.

Un problema de Estado

Desde el sector productor, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha calificado de “aberración” y “barbaridad” este nuevo gravamen, especialmente en un momento en el que el sector remolachero español afronta la desaparición de las cuotas.

Por parte de la distribución, el presidente de ACES, Aurelio del Pino, ha recalcado que esta tasa no afecta únicamente al sector agroalimentario, sino que supone “un problema para el Estado” en su conjunto.

Fotografía de un refresco de tamaño grande en una cadena de comida rápida. EFE/Justin Lane

El gravamen, que debe ser liquidado por los operadores logísticos encargados de distribuir el producto tanto a supermercados como bares y restaurantes, es aplicable tanto a refrescos como a zumos y néctares, pasando por sodas, bebidas energéticas, de té y de café, vegetales o incluso leches endulzadas y aguas de sabores.

El plazo para que Rajoy pueda presentar recurso de inconstitucionalidad expira el próximo 30 de junio, según han explicado los firmantes de esta petición.

La petición al Ejecutivo para que recurra al Tribunal Constitucional está respaldada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias y UPA, por las entidades representantes de la industria FIAB y Promarca, por el sector del gran consumo (Aecoc), así como por la distribución (ACES, Anged y Asedas) y la hostelería (FEHR y Marcas de Restauración).

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