Los accionistas mayoritarios de Gullón insisten en la "legalidad" de la Junta celebrada en un coche

María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, su hija Lourdes Gullón Rodríguez y el destituido director general, Juan Miguel Martínez Gabaldón, que representan el 80,25 por ciento del capital, insistieron en la "legalidad" de la Junta General celebrada ante la notaria de Aguilar de Campoo, Encarnación Fernández, ayer a las 10 de la mañana.

"A pesar de las dificultades que hemos tenido para su celebración, hemos podido celebrarla", aseguró Rodríguez al finalizar la Junta que tuvo lugar en el interior de un coche y que se había convocado judicialmente y suspendido por un defecto de forma en el anuncio de la convocatoria.

El coche se convirtió en una "improvisada" sala de reuniones, en la que los tres accionistas votaron los puntos del orden del día, cesaron a los actuales consejeros, disolvieron el Consejo de Administración y nombraron administradora única a María Teresa Rodríguez Sainz Rozas.

Una decisión que, según el actual Consejo de Administración, es "ilegal" ya que la junta no podía celebrarse "por no haberse convocado con los requisitos legales necesarios".

Algo que se había comunicado a través de la prensa local, se había publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y se había anunciado en la sede social de la compañía.

Además el Consejo manifestó su "profundo malestar" por el "esperpento" que protagonizaron ayer María Teresa Rodríguez y Lourdes Gullón, al participar en una reunión "más propia de un número de circo que de una empresa seria".

Añadió también que su presencia en la reunión, a sabiendas de que era ilegal, sólo responde a su intención de "desestabilizar" a la compañía y tranquilizaron a los trabajadores y a toda la comarca de Aguilar asegurando que el Consejo de Administración sigue en manos de los que son sus únicos administradores y de los directores de la compañía, que seguirán "velando por la legalidad y los buenos resultados de Galletas Gullón"En respuesta a estas manifestaciones, los accionistas mayoritarios defendieron "la absoluta legalidad" de la Junta y de los acuerdos adoptados, que "son efectivos de manera inmediata".

"La mejor prueba de ello es que la Señora Notario ha acudido a la cita y ha levantado acta notarial de la Junta", subrayaron.

Además insistieron en que una Junta General que ha sido convocada judicialmente, sólo puede ser desconvocada por el mismo juez, algo que no ha ocurrido.

Tampoco el "aviso" publicado por los consejeros cesados en varios medios de comunicación supone legalmente ninguna desconvocatoria y por tanto, en su opinión, no existía ningún impedimento para celebrar la Junta General.