El sector atunero rechaza la postura del PE y pide a la Administración que defienda su actividad

En declaraciones a Efeagro, el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha señalado que la decisión del Parlamento Europeo es "gravísima" y que "se ha dejado influenciar por las organizaciones ecologistas".

Ha explicado que esta prohibición no es "necesaria ni aceptable", porque los datos científicos de instituciones como la FAO o Cites "no avalan esa propuesta" y porque ninguna de las evaluaciones realizadas hasta el momento ha tenido en cuenta el Plan de Recuperación de la Especie puesto en marcha en 2006.Asimismo, ha apuntado que las consecuencias socioeconómicas serían "gravísimas", ya que, en el caso de España, podrían perderse hasta 2.300 puestos de trabajo, y ha pedido al Gobierno que "siga firme" en su oposición a la prohibición del comercio internacional de atún rojo.

Por su parte, la Plataforma en Defensa de las Almadrabas ha demandado, en declaraciones a Efeagro, "salidas" viables para la pesquería artesanal que se realiza en el litoral de Cádiz.

El alcalde de Conil de la Frontera, Antonio Roldán (IU), ha afirmado que la decisión es una "mala noticia" y que hay que introducir "excepciones" para las almadrabas que, en su opinión, "no han provocado la situación actual del atún rojo".

Ha atribuido la reducción de los recursos en las pesquerías a los barcos de cerco que actúan en el Mediterráneo, "que es la zona de cría y engorde", porque "son los que han esquilmado a la especie".

Ha abogado por mantener la actividad de las almadrabas, de la que dependen alrededor de 500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por su parte, el presidente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba OPP-51, Diego Crespo, ha coincido en calificar de "negativa" la decisión del Parlamento Europeo.

Ha defendido que se mantenga la pesca artesanal del atún rojo de almadraba y que se pongan en marcha nuevos fondos económicos para compensar a las flotas afectadas por los cierres o por la inclusión de la especie en el convenio Cites.

El sector atunero en Cádiz está configurado por cuatro almadrabas (Conil, Barbate, Zahara de los Atunes y Tarifa), de las que dependen 400 familias y 292 puestos de trabajo en la actividad extractiva, que se suman al empleo indirecto de tareas auxiliares.

En un comunicado, la flota española de cerco ha exigido al Gobierno español que defienda sus intereses en la Comisión Europea de cara a la decisión que deberá tomar este organismo sobre la inclusión del atún rojo en el anexo 1 de Cites, que, según sus cálculos, podría suponer la pérdida de 4.000 empleos en España.

Ha defendido que el acatamiento de las reglas de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) debe prevalecer frente a "posturas políticas como la francesa".

Ha recordado que la flota española de cerco (catalana en su totalidad) cumple "escrupulosamente y desde hace años" la exigencias del Iccat.