A TRAVÉS DE UN ACUERDO CON LOS PAÍSES

El órgano intergubernamental de la FAO que se encarga del examen y seguimiento de las políticas sobre seguridad alimentaria, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), ha aprobado un acuerdo que ofrece pautas a los gobiernos para que las leyes garanticen a las personas el acceso a los recursos naturales y a la tierra.

El objetivo de las "Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional" es fomentar una legislación que favorezca los derechos de las personas sobre la tierra, la pesca y los bosques, según una nota emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

"Dar a las personas pobres y vulnerables derechos seguros y equitativos de acceso a la tierra y a otros recursos naturales es una condición clave contra el hambre y la pobreza", dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva.

Las recomendaciones del CSA son para este responsable "un punto de partida que ayudará a mejorar la situación, a menudo desesperada, de las víctimas del hambre y la pobreza", millones de personas muchas veces amenazadas por la adquisición de tierras a gran escala o por la sobreexplotación de recursos naturales por empresas y gobiernos.

Modelos alternativos

El texto intenta promover que los sectores público y privado recurran a modelos alternativos a la adquisición de tierras a gran escala y que sus inversiones salvaguarden los derechos humanos, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

Se trata de que sus inversiones generen "beneficios para el país y sus habitantes, incluyendo los más pobres y más vulnerables", afirmó Graziano da Silva."Estos cambios no se van a producir de la noche al día.

Pero también sabemos que existe una significativa identificación y respaldo a las directrices", dijo el director del CSA, Yaya Olaniran, que explicó que ahora corresponde a los países que aprobaron las directrices ponerlas en práctica sobre el terreno.

Este último acuerdo del CSA es el resultado de tres años de negociaciones entre países, sector privado, agricultores y sociedad civil.